Denuncian ante la Junta y el Defensor la restitución de los nombres de Cruz Conde, Vallellano y Cañero

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha cursado este martes una reclamación formal ante la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y el Defensor del Pueblo Andaluz en la que recuerda que la providencia de inicio de la Gerencia Municipal de Urbanismo para la restauración de los antiguos nombres de la calle Foro Romano, avenida del Flamenco y Plaza de los Derechos Humanos en Córdoba atenta directamente contra las leyes de Memoria Histórica y, por ende, contra las víctimas a las que estas protegen.

En un comunicado, Aremehisa explica que el escrito dirigido a Patricia del Pozo Fernández, consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, y a Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, Defensor del Pueblo Andaluz, insta a ambos dirigentes a asumir su obligación de cumplir y de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y a paralizar de inmediato la citada providencia, que incumple los artículos 15.1 y 32 de las leyes de Memoria Histórica estatal de 2007 y andaluza de 2017, respectivamente.

Además, Aremehisa ha demandado la supresión de todos los símbolos franquistas que todavía perviven en la ciudad de Córdoba, muchos de ellos recogidos en el dictamen final de la Comisión Municipal de Memoria Histórica creada en la anterior legislatura, así como la supresión de los títulos honoríficos otorgados a militares golpistas que la asociación ya denunció en 2018, advirtiendo que la presencia de este tipo de elementos en espacios públicos e instituciones pone en tela de juicio nuestros valores y principios democráticos y supone un grave perjuicio para la memoria de las víctimas de la represión y dictadura franquista y para la educación de las generaciones venideras.

Finalmente, la asociación de Aguilar de la Frontera ha trasladado tanto a del Pozo Fernández como a Gregorio de Tejada que tomará las medidas legales pertinentes para que el Ayuntamiento cordobés sea garante del ordenamiento jurídico vigente en defensa de la libertad democrática y de los derechos de Verdad, Justicia, Reparación y Dignificación de las víctimas del franquismo.