Denuncian que 16 centros de participación activa de mayores no tienen plan de autoprotección

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha denunciado la falta de plan de autoprotección de 16 Centros de Participación Activa para personas mayores en la provincia de Córdoba.

Estos centros tratan la promoción del bienestar de las personas mayores tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el entorno. Sirven, además, para la prestación de Servicios Sociales y Asistenciales a otros sectores de la población.

La consejera ha denunciado la falta de los planes de autoprotección en un total de 51 Centros de Participación Activa en siete de las ocho provincias andaluzas: ocho en Almería; 14 en Cádiz; 16 en Córdoba; una en Granada; cuatro en Huelva; dos en Jaén; y seis en Sevilla. El Real Decreto 393/2007 regula la norma básica de autoprotección de los centros con actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Rocío Ruiz ha informado que, debido al volumen de contratación que representan estos planes, la Dirección General de Personas Mayores ha elaborado una memoria que estima en 350.000 euros las actuaciones necesarias para la contratación, redacción e implementación de estos planes por el incumplimiento del anterior Gobierno.

Asimismo, la consejera ha informado en el Parlamento de Andalucía sobre la inspección de las 14 residencias para personas mayores con titularidad de la Junta de Andalucía ante la falta de conocimiento real de su estado y ha explicado que once de estos 14 centros residenciales no tenían correctamente implantado el plan de autoprotección.

Frente a la falta de implantación de estas medidas, informa la Junta de Andalucía en una nota, con que se encontró el nuevo equipo gestor de la Consejería a su llegada, Rocío Ruiz ha señalado que “actualmente, todos los centros residenciales para personas mayores de gestión pública tienen el plan de autoprotección en vigor y la implantación anual realizada”.

La consejera de Igualdad ha subrayado que se trata de “unos trabajos que se han realizado en tiempo récord, lo que no denota una falta de compromiso o profesionalidad del personal funcionario público, sino falta de voluntad política del Gobierno precedente”.

Las residencias tampoco cuentan con informe detallado y actualizado del grado de cumplimiento de los requisitos funcionales y materiales por la inspección de servicios sociales, informa la Junta de Andalucía en un comunicado, razones que motivan las inspecciones.