El Defensor escribe al alcalde para que retire “la Gran Cruz de los Caídos” junto a la Subdelegación

Cruz de los caídos en los jardines de Vallellano | MADERO CUBERO

“La retirada de la Cruz de los Caídos constituye un mandato definido por ley y dirigido a los poderes públicos sujetos la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha remitido un extenso informe al alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el que le recomienda que proceda sin la mayor dilación a la retirada de la Cruz de los Caídos que preside los jardines que rodean a la Subdelegación del Gobierno.

Maeztu, que inició una queja en marzo de este año tras la denuncia del sindicato CGT, considera que mantener la “Gran Cruz de los Caídos” en los jardines de la Subdelegación atenta contra la Ley de la Memoria Histórica de Andalucía y además va contra las recomendaciones de la comisión municipal de la memoria que creó el propio Ayuntamiento y cuyas conclusiones aprobó en Pleno en noviembre del año 2018.

“La denominada Cruz de los Caídos ha constituido un 'símbolo contrario a la Memoria' erigido, en muchas casos, con vocación monumental en exaltación del bando vencedor de la guerra civil protagonista de la sublevación militar, en el que se acostumbraba a identificar los fallecidos de dicho bando”, expone el Defensor del Pueblo Andaluz, recientemente ratificado en su cargo por el nuevo Parlamento. “Acorde con este significado, las acciones de retirada de estos elementos ha constituido una de las acciones más consolidadas en la tarea de eliminación de la simbología afectada por la normativa memorialista”, agrega.

Durante la tramitación de la queja, el Defensor requirió al Ayuntamiento documentación y también le preguntó por sus intenciones. Su respuesta no fue concreta, pero sí que aludió a que “la intención sigue siendo, por tanto, la de dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y al dictamen de la Comisión Municipal de Memoria Democrática y asimismo de iniciar los trámites administrativos y legales oportunos para poder iniciar el Expediente administrativo necesario para poder llevar a efecto la actuación demandada”. “Sólo falta que se cumpla en sus términos y dicha instalación sea retirada en obediencia a la Ley”, insiste el Defensor en la conclusión a su informe, al que ha tenido acceso este periódico.

La petición de retirada o desmontaje fue realizada, por primera vez, siendo alcaldesa Rosa Aguilar con IU por parte de entidades y asociaciones. Según el sindicato CGT, la solución a la primera petición fue “quitar” algunos elementos metálicos adjuntos a la Cruz, si bien con posterioridad los diferentes gobiernos de IU y PSOE “nunca se han dignado a contestar a los escritos de solicitud”, mientras que “el gobierno de José Antonio Nieto (PP) respondió pidiendo los escritos anteriores dirigidos a los alcaldes de izquierda –Rosa Aguilar y Andrés Ocaña–”.

En 2015 se volvió a solicitar a la exalcaldesa Isabel Ambrosio (PSOE), considerando, además, “el hecho de que este nuevo gobierno contaba con una concejal de Memoria Histórica, María Mar Tellez, que además era responsable de esta materia en el PSOE de Andalucía–, y podría favorecer la comunicación”. Sin embargo, desde el sindicato CGT han remarcado que “el silencio fue lo que provocó la presentación de la queja”.

Y es que, “Córdoba, junto con Cáceres y Vigo –gobernadas casi siempre por la izquierda– son las capitales de provincia que mantienen dicho monumento de exaltación del golpe de estado y de la posterior dictadura, a pesar de las leyes que dictan su eliminación física y que en el caso de Andalucía no solo está Ley de 2007, de José Luis Rodríguez Zapatero, sino también la de la Memoria Democrática de Andalucía de 2017”, han advertido desde CGT.

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