La defensa de Gómez apunta a errores de la Agencia Tributaria y responsabilidad de asesores externos

Rafael Gómez, a la entrada del juzgado | MADERO CUBERO

La segunda jornada del juicio que se sigue contra el empresario y exconcejal Rafael Gómez, alias Sandokán, y sus cuatro hijos por un presunto fraude a la Hacienda Pública de 58 millones de euros en los impuestos de su grupo de empresas y del IRPF entre los años 2003 y 2006 ha tenido como protagonistas a una docena de testigos llamados a declarar por la defensa del joyero y constructor. Entre ellos, los responsables financieros del grupo Arenal, Daniel Barrios y Antonio Martínez, así como Juan Antonio García Barranco, encargado de presentar las declaraciones de impuestos de los miembros de la familia de Gómez y los de sus empresas.

Todos ellos han negado haber tenido cualquier indicación de Gómez ni de sus hijos sobre la contabilidad y fiscalidad de las empresas y han apuntado a posibles errores de la Agencia Tributaria, a la responsabilidad de los asesores externos de la compañía e, incluso, a problemas informáticos para presentar adecuadamente las declaraciones de impuestos.

El responsable de contabilidad de las empresas de Gómez, Daniel Barrios, y su superior y director financiero de las mismas, Antonio Martínez, han negado que el empresario ni sus cuatro hijos intervinieran nunca en los asuntos contables ni fiscales del grupo de empresas ni que les dieran ninguna indicación para tributar lo mínimo posible y han descargado su responsabilidad en las empresas que realizaban las auditorías sobre las cuentas del grupo: "No dejamos de hacer nada que sugirieran los auditores". "Todo lo que el auditor decía teníamos que hacerlo para no tener ninguna opinión denegada y que la auditoria estuviera limpia" para entregársela a los bancos que soportaban la financiación de las empresas, han dicho.

Ambos, a preguntas de la defensa de los acusados, han negado que las firmas externas encargadas de realizar las auditorías de las cuentas de las empresas de Rafael Gómez les advirtieran de incorrecciones sobre deducciones por reinversión ni que ellos dejaran de facilitarles la documentación que requerían: "Les dimos los balances (de cuentas) cerrados para que los auditaran y no tengo constancia de que dijeran lo contrario", señalaba Barrios.

La declaración como testigo de Juan Antonio García Barranco, trabajador de Gómez desde hace más de 25 años y encargado de presentar las declaraciones de impuestos de los miembros de la familia y los de sus empresas, ha tratado de poner sobre la mesa errores informáticos para justificar alguna de sus actuaciones. En concreto, la no presentación del IRPF de Rafael Gómez en el año 2004 que atribuye a que "el programa informático impedía imprimir" la declaración de la renta e incluso admitiendo que, en algún momento de la elaboración de la declaración de impuestos "seguramente me equivoqué al darle al botoncito". A preguntas de la defensa de Rafael Gómez, García Barranco ha apuntado también a errores o contradicciones de la Agencia Tributaria, cuando en dos casos de fincas Hacienda admitía en una "gastos deducibles" y no en la otra finca pese a declarar tener la misma actividad. Y sobre la relación con Hacienda del entramado de empresas de Gómez, añadía: "Siempre se ha facilitado información a la Agencia Tributaria de forma muy diligente".

También han declarado en el juicio los responsables de realizar las auditorías externas sobre los que los testigos de Gómez han descargado su responsabilidad. Sin embargo, Antonio del Moral y Eugenio Silos, de la firma Moral y Silos S.L. encargada de realizar la auditoría durante los años 2003 y 2004, han apuntado al equipo financiero de Gómez - Daniel Barrios y Antonio Martínez- como sus interlocutores y quienes les facilitaban la información que estimaban oportuna para realizar su tarea. Incluían, en su labor, la realización de informes con advertencias sobre cuestiones que debían corregirse. Del mismo modo han dicho hacer las cosas los responsables de la firma Ernst&Young, que hicieron las auditorías de las cuentas en los años 2005 y 2006, y también han señalado a Barrio y Martínez como sus interlocutores y facilitadores de información, destacando que en el año 2006 no se pudo realizar la auditoría ante la falta de documentación suministrada por las empresas de Gómez. "No pudimos acabar nuestro trabajo de auditoría porque nos faltaba documentación. No tuvimos a nuestra disposición documentación y no pudimos acabar nuestro trabajo", han declarado.

Precisamente sobre 2006, varios testigos han puesto de manifiesto la situación especial que vivió la empresa de Gómez en ese año, cuando estalló el Caso Malaya y el empresario fue detenido. Según han declarado, el número de trabajadores que el departamento financiero tenía disminuyó drásticamente, mientras los bancos alegaban "riesgo reputacional" en los créditos concedidos a Gómez y exigían el pago de su deuda, que ha sido cifrada en más de 2.000 millones de euros por aquel entonces, según el director financiero del grupo, Antonio Martínez.

La jornada de este miércoles también ha contado con la declaración de Rafael Natera, asesor fiscal externo de Gómez y sus empresas, inspector de Hacienda en excedencia, que trabajó para el constructor durante los años 2003, 2004, 2005 y 2006. También ha negado cualquier instrucción de Rafael Gómez sobre su trabajo y ha dicho desconocer los resultados de las auditorías realizadas al grupo de empresas,además de ratificar que ningún miembro de la familia se interesaba por la declaración de impuestos que debía hacer como personas físicas.

El juicio contra Gómez y sus hijos se reanudará este jueves con la declaración de otra decena de testigos llamados a declarar también por la defensa del empresario.

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