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Los datos de la Junta pedidos por Vox dicen que más del 50% de los trabajadores de violencia de género no están colegiados

Francisco Serrano, en un mitin en Córdoba | ÁLEX GALLEGOS

Redacción Cordópolis

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El presidente de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, ha desvelado que su grupo recibió el pasado miércoles de la Junta de Andalucía los datos que habían demandado sobre los trabajadores, médicos y psicólogos que integran los equipos de lucha contra la violencia de género en la comunidad y se ha confirmado que “al final teníamos razón” porque “más del 50% no están colegiados”.

En una entrevista en 7TV recogida por Europa Press, Serrano ha calificado como “escandaloso y gravísimo” el hecho de que más de la mitad de los trabajadores que integran los equipos de atención psicosocial y evaluación de la violencia de género en Andalucía “no estén colegiados”, ha dejado claro que no les han facilitado “nombres y apellidos” porque no los solicitaban tras rectificar su petición inicial en la que hubo un “error de interpretación” y ha anunciado que estudia pedir una ampliación de los datos para conocer su distribución por categorías profesionales.

En su opinión, el hecho de que existan trabajadores no colegiados en un ámbito tan delicado como la lucha contra la violencia de género supone que personal “no cualificado sin ningún control ni responsabilidad deontológica” está prestando este servicio que además es “contratado a empresas externas dedicadas por ejemplo a la peritación inmobiliaria”, por lo que ha defendido la necesidad de corregir esta situación para que no siga “en manos de no profesionales”.

“Si para ser médico hay que pasar un MIR, para ser psicólogo igual y no puede bastar con haber seguido un curso de violencia de género”, ha argumentado Serrano, que ha subrayado que Vox nunca ha pretendido hacer “listas negras” como ha denunciado el PSOE, al que ha acusado de “no querer que se conocieran” estos datos para ocultar su “enchufismo y clientelismo”.

El presidente de Vox en el Parlamento andaluz ha reconocido que planteó esta solicitud de información “por el bien de los menores andaluces” como “jurista profesional metido en política” tras su experiencia como juez y letrado y ha querido dejar claro que “no se puede generalizar” con los trabajadores de los equipos contra la violencia de género porque hay “magníficos profesionales”, pero ha insistido en que “otros hacen informes de corta y pega”.

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