CSIF se moviliza para exigir a la Junta el abono de la extra de 2012

Las concentraciones previstas para el 4 y el 18 de mayo serán simultáneas en todas las provincias andaluzas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF de Córdoba convoca movilizaciones para exigir a la Junta de Andalucía el abono de la cantidad pendiente de la paga extra de 2012, así como la restitución a los empleados públicos de todos los derechos perdidos, entre ellos la jornada laboral del 35 horas semanales.

Las concentraciones, que tendrán lugar los días 4 y 18 de mayo a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta serán simultáneas con el resto de provincias andaluzas. La campaña de reivindicación de CSIF concluirá con una gran concentración regional en Sevilla, frente al Parlamento, el próximo 9 de junio, mientras se celebra la sesión plenaria.

Así, se ha dispuesto en el Consejo Autonómico de CSIF-A, máximo órgano regional de la Central Sindical, donde se ha aprobado la propuesta de movilizaciones llevada por el Comité Ejecutivo en la reunión celebrada entre ayer y hoy en la sede de la Unión Provincial de Málaga. Tras el anuncio del Gobierno Central en el día de ayer de la devolución del 50% pendiente a los trabajadores de la Administración General del Estado, CSIF exigirá en sus movilizaciones que la Junta de Andalucía abone el 75 por ciento pendiente de la extra de 2012 y restituya todos los derechos que los empleados públicos andaluces han perdido en estos años de crisis.

El sindicato entiende que los empleados públicos andaluces merecen, tras sostener con su esfuerzo y profesionalidad los servicios públicos a pesar de los recortes, el reconocimiento de su propia Administración y la recuperación de todos los derechos cercenados durante estos años, tal y como ha sucedido en otras comunidades y con el personal de la Administración General del Estado, en la línea de recuperación económica que señalan los indicadores económicos y las administraciones. En este sentido, CSIF no comparte que la Junta de Andalucía aumente y fomente las desigualdades entre los empleados públicos andaluces y los del resto del conjunto del país.