Una cordobesa lleva a la ONU su denuncia por supuestos malos tratos policiales

Dos años después de que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentara una denuncia contra España ante el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas por un caso de una ciudadana cordobesa “víctima de malos tratos policiales”, el Estado ha contestado “sin dar explicaciones a los hechos probados y reconocidos por él mismo de que las lesiones sufridas se produjeron durante la detención”, según ha denunciado este colectivo a través de una nota de prensa.

“El Ministerio de Justicia se limita a negar la veracidad de los hechos acaecidos en 2013 y a destacar la ausencia de evidencias que prueben que una mujer cordobesa en el transcurso una detención y sin identificación previa de los agentes, que iban de paisano”, fue “abofeteada, esposada, golpeada en la cabeza y la nariz y llevada a comisaría sufriendo durante la conducción frenazos violentos que le produjeron continuos golpes en la cara contra la mampara de plástico, mientras los agentes se reían”, según figura en la denuncia.

Según Pro Derechos Humanos, “la mujer no recibió en ningún momento en Comisaría la asistencia médica obligatoria -pese a haberla solicitado-, ni asistencia letrada, ni se le informaron de sus derechos y, además, se les retiraron algunas de sus pertenencias que no le fueron devueltas en ningún momento”. Una vez puesta en libertad con una fractura en la nariz, pidió una ambulancia “con su propio móvil” en la puerta de las dependencias policiales.

Como consecuencia de las lesiones recibidas, la mujer tuvo que ser operada con anestesia general, hecho que sumado a la experiencia traumática sufrida durante su detención, le produjo secuelas psicológicas.

Los tribunales españoles consideraron superior la declaración de los policías nacionales y archivaron la denuncia, “a pesar de que queda constatado y reconocido por el propio Estado que la ciudadana sufrió las lesiones durante la detención”, hecho que a juicio de la APDHA “debió servir para condenar o al menos abrir juicio contra los denunciados e investigar debidamente el caso”.

El pasado mes de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por trato inhumano y degradante y por novena vez, por no investigar denuncias de torturas. Para la APDHA, la similitud entre ambos supuestos está en que en ambos casos las lesiones están suficientemente demostradas, nunca fueron negadas por el Estado y debieron producirse durante la detención (no existían a la entrada y sí a la salida). “No es posible que un ciudadano ileso antes de la detención acabe lesionado, sin que exista ningún tipo de explicación”, asegura la organización.

La APDHA espera un fallo similar al emitido el pasado febrero por el TEDH. En la petición se instaba al organismo internacional que recomendara a España una “investigación exhaustiva” de las circunstancias en las que se produjeron las lesiones para que se tomen las medidas adecuadas contra los responsables de estos actos.

El Estado español, ante el número de casos tan elevados de tortura, así como por su impunidad, derivados de falta de investigación, se ha convertido en los últimos años en uno de los principales focos de atención tanto de Naciones Unidas[1] y del Consejo de Europa[2] en su visita en el año 2016, que han mostrado además su preocupación por la falta de respeto del Estado a sus recomendaciones.

Ya en 2015, el comité de la ONU, se dirigió al Estado Español en 2015, en su VI Informe Periódico sobre España, afirmando que se mostraba “seriamente preocupado ante informaciones según las cuales las autoridades españolas no investigan de forma pronta, eficaz, imparcial y completa las denuncias de actos de tortura y malos tratos cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha llegado a afirmar que “la tortura y los malos tratos no pueden seguir siendo un eterno secreto a voces”. Es urgente e imperativo, exige la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, acabar con la investigación inexistente, el encubrimiento y la inacción ante este tipo de acciones ilegales que suponen una lacra para cualquier sociedad y que atentan gravemente contra los derechos humanos más elementales.