Córdoba abre su primera fosa cuando se anuncia la derogación de la ley de memoria

Este miércoles, a las 18:30, el PP y Vox firmaban un pacto para convertir a Juanma Moreno en presidente de la Junta de Andalucía con 37 acuerdos. Uno de ellos, es de los pocos muy concretos: “Promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica”. Este jueves, a las 12:00, el cementerio de la Salud acogerá un acto simbólico de esa ley: la apertura de la primera fosa del franquismo en Córdoba, donde se calcula que hay más de 4.000 fusilados.

Con una diferencia de medio día, este jueves se inician unos trabajos por los que los familiares de los fusilados llevan años suspirando. De hecho, son unos trabajos que deberían haberse iniciado hace años, no meses. Ciudades como Málaga, con un gobierno del PP en mayoría absoluta, han exhumado todas las fosas comunes de sus cementerios. Ahora, la exhumación cordobesa, con unas cifras de represaliados impresionantes (todos los estudios coinciden en que de las más altas de España en proporción a la población) llegan justo en el momento en el que se discute la derogación de la ley que la permite.

El acuerdo de PP y Vox no es inmediato. La derogación necesitará de los votos de Ciudadanos. La ley fue aprobada sin votos en contra por el Parlamento de Andalucía. Los trabajos en Córdoba, que cuentan con financiación y el apoyo también del Gobierno central, pueden durar años. Y eso es lo que más temen muchos de estos familiares, algunos de los cuales han esperado 80 años para poder buscar a sus seres queridos.

Los trabajos que comienzan

Estos trabajos, según ha informado el Consistorio recientemente, se enmarcan en las estipulaciones contempladas en el protocolo de colaboración firmado el día 6 de febrero de 2018, entre el consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y la alcaldesa para la recuperación de la Memoria Histórica.

Las actuaciones que se van a llevar a cabo tienen dos objetivos, de un lado documentar la localización de enterramientos de víctimas en fosas individuales y, de otro, el inicio de actuaciones en la fosa común, previo al trabajo arqueológico propiamente dicho, que determine si es posible desarrollar el proceso de exhumación posterior.

Estos primeros trabajos serán desarrollados por equipos técnicos de reconocida solvencia científica y dilatada experiencia en temas relacionados con la recuperación de la memoria, que irán emitiendo de forma periódica informes de resultados de los mismos.

Hasta llegar aquí se han desarrollado exhaustivos trabajos de documentación e investigación para determinar la existencia de fosas comunes y su posible ubicación, así como sobre la represión en Córdoba, los enterramientos de las víctimas y las modificaciones que han sufrido en este periodo de tiempo los cementerios municipales, trabajos que se han desarrollado por los investigadores, en los archivos militares de la II Región y en los históricos municipal y provincial.

La fase preliminar de investigación histórica, desarrollada por un equipo multidisciplinar compuesto por investigadores e historiadores, arqueólogos y antropólogos, ha determinado la necesidad de llevar a cabo una serie de trabajos de tipo arqueológico en los cementerios de La Salud y San Rafael, con el objeto de concretar al máximo la situación de las fosas, su delimitación y dimensiones, así como el grado de afección que acciones posteriores hayan podido tener sobre las mismas.

Los trabajos ya realizados acreditan que, tanto en el cementerio de San Rafael, como en el de Nuestra Señora de la Salud, existen fosas comunes utilizadas para sepultar a las víctimas de la represión, pero que, dado su alto número, también se utilizaron enterramientos individuales, donde se arrojaron varios cuerpos.

El hecho de que los trabajos arqueológicos se inicien en el Cementerio de la Salud se debe a que ha sido el que menos modificaciones ha sufrido en este periodo.

Con posterioridad a esta actuación, la Universidad de Granada (UGR) desarrollará los trabajos previos conducentes, en caso de ser posible científicamente, a la identificación genética de las víctimas, a través de la toma de muestras de ADN a sus familiares, y para que pasen a engrosar el Banco de ADN de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo en Andalucía, en virtud al convenio específico suscrito entre la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía.

Para ello, la Delegación de la Junta en Córdoba, a través de su Oficina de Memoria Democrática, mantiene actualizado un censo de víctimas y familiares solicitantes para la toma de muestras.

Estos trabajos se enmarcan en la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento, a la que ahora se suma también el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General para la Memoria Histórica del Gobierno de España.

Esta acción va a sentar las bases para un convenio entre estas administraciones, para abordar los trabajos completos de exhumación y análisis antropológico de los más de 4.000 cuerpos de víctimas que reflejan las fuentes documentales.