El contrato del Alcázar “vulneró frontalmente la legalidad”

Turistas en la entrada del Alcázar | ÁLVARO CARMONA
El subdirector general de Turismo del Ayuntamiento redacta un informe demoledor de cómo fue la contratación de la empresa que gestionó las visitas nocturnas al monumento cordobés

“El abajo firmante advirtió a la directora general que el encadenamiento de contratos en este caso vulneraba frontalmente la legalidad sin ningún género de dudas”. El subdirector general de Turismo y Comercio, David Gibert, redactó el pasado 30 de julio un informe que le había reclamado la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba sobre la contratación con una empresa externa al Consistorio de la explotación del espectáculo de agua, luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos. Ese durísimo informe fue el que precipitó la decisión del actual equipo de gobierno de rescindir ese contrato y retomar la gestión del monumento cordobés usando recursos públicos municipales.

El informe tiene la misma fecha que el decreto que firmó el teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, rescindiendo el contrato: 30 de julio. Al día siguiente, la Junta de Gobierno Local ratificó esta decisión, que apartaba de la gestión a la empresa EMTE Service, SAU. El documento elaborado por este técnico municipal hace una descripción cronológica del proceso de contratación de la gestión desde el 23 de octubre del año pasado, que es la fecha en la que finalizó el contrato con EMTE. Esta cronología le lleva a este técnico a concluir que desde entonces y hasta el 30 de julio se “vulneró frontalmente la legalidad” al encadenar sucesivos contratos menores.

Así, se describe que hasta el 23 de octubre el servicio se prestó “por un contrato administrativo especial”, “siguiendo el procedimiento negociado”. Este contrato recibió todos los parabienes de los técnicos municipales, incluida la asesoría jurídica y el servicio de Intervención General.

No obstante, el 24 de octubre el exteniente de alcalde de Turismo Rafael Navas firmó un decreto en el que se acordaba prorrogar el contrato con la misma empresa hasta el 31 de diciembre de 2014. Así, se decidió seguir el procedimiento de la contratación menor. La empresa pagaría un canon mensual de 4.490 euros. En total, tenía que abonar 10.187 euros. Este subdirector de Turismo ya advirtió entonces a la directora general que “la prórroga en el contrato no se ajustaba a derecho debido a que el contrato era expresamente improrrogable según su clausulado, por lo que tuvo que haberse extinguido el 23 de octubre”. Según este técnico, y a pesar del informe-propuesta que elabora la directora general, el exteniente de alcalde se apartó en su decreto de su criterio. Así, “en el decreto se acuerda la prórroga mientras que en el informe de la directora general se propone una nueva adjudicación del contrato a la misma empresa”, afirma.

El contrato volvió a expirar el 1 de enero de este año. Antes, el 26 de diciembre de 2014, el exteniente de alcalde decide firmar otro decreto en el que “se acuerda adjudicar el citado contrato con la misma empresa”, pero en este caso hasta el 1 de marzo. Al igual que en los meses anteriores, el contrato fue menor y constaba de un canon mensual de 4.490 euros. Nuevamente, el subdirector de Turismo afirma que advirtió a la directora general de que “el procedimiento seguido podía ser inadecuado habida cuenta que la suma de los dos contratos aconsejaba seguir un procedimiento que garantizara mayor concurrencia y publicidad”. El técnico continúa afirmando que “la excepcionalidad de la vía que se estaba utilizando (contrato menor) no respondía a circunstancias imprevisibles ni de urgencia, sino a una clara y manifiesta falta de concreción del modelo de explotación del equipamiento público”.

El técnico agrega en su informe que él mismo planteó “numerosas propuestas de explotación del equipamiento sin que el anterior equipo de gobierno se decantara por ninguna, por lo que se continuó de una forma absolutamente irregular utilizando la contratación menor”.

Según este técnico, entre el 1 de marzo y el 31 de ese mismo mes no se prorrogó el contrato y el servicio se prestó sin “título jurídico habilitante”. El 1 de abril, siempre según este informe, el exteniente de alcalde Rafael Navas acordó “adjudicar de nuevo el citado contrato con la misma empresa” hasta el 31 de julio de 2015, “siguiendo el procedimiento de la contratación menor por un importe total del contrato de 17.962 euros”. En este nuevo contrato, “el procedimiento seguido fue la contratación menor, según se desprende del informe-propuesta de la directora general de Desarrollo Social de fecha 1 de abril de 2015”. Nuevamente, este técnico volvió a advertir de que se estaba vulnerando la legalidad con el encadenamiento de contratos. Por eso, propuso que se prescindiera de esta empresa en este contrato.

Etiquetas
stats