Consideran “plenamente” acreditado un fraude fiscal millonario de una empresa informática cordobesa

La Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran que ha quedado “plenamente acreditada la trama de fraude fiscal” supuestamente por seis hombres relacionados con la empresa de informática MGR y otras sociedades, acusados de tres delitos fiscales en los ejercicios 2003, 2004 y 2006, tras presuntamente defraudar a Hacienda más de 6,7 millones de euros.

En el juicio en el Juzgado de lo Penal número 4, que ha quedado visto para sentencia, las acusaciones han mantenido que hay pruebas “suficientes” para calificar los hechos como supuesta comisión de un delito contra la Hacienda Pública, y la abogada del Estado cree que ha existido “una connivencia y perjuicio contra Hacienda”.

Mientras, las defensas han pedido la absolución de sus clientes, al entender que “no hay responsabilidad penal”, según ha expuesto uno de los letrados, que ha apuntado que admitir operaciones “irregulares no implica que sean delictivas”, a lo que ha añadido otro abogado que “hay muchos datos que se han obviado por la fiscal y la abogada del Estado”.

Al respecto, los procesados han negado en el juicio los hechos por los que están acusados y defendieron que no ocultaron actuaciones, por las que el Ministerio Público les ha solicitado sendas penas de seis años de prisión, multas por el duplo de la cuantía defraudada en cada citado ejercicio, que superarían los 13 millones de euros, y el pago de indemnizaciones a Hacienda por los más de 6,7 millones de euros, según la calificación inicial de la fiscal.

En dicho escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, relata que los acusados supuestamente actuaron “de común acuerdo y en acción conjunta” para realizar distintas actuaciones, con la finalidad de “eludir sus obligaciones fiscales, aprovechando la normativa comunitaria sobre IVA en virtud de la cual las entregas intracomunitarias están exentas de IVA, siendo las adquisiciones intracomunitarias las que tributan como hecho imponible en el país de destino”, todo ello con el fin de “simular ventas internacionales por parte MGR” para “obtener beneficios fiscales”.

De este modo, el Ministerio Público explica que los procesados presuntamente constituyeron y aprovecharon la existencia de distintas mercantiles radicadas entre España y Portugal, entre otros aspectos que precisa en su calificación inicial.