El consejero insiste en que el juzgado de Peñarroya no tiene sobrecarga

De Llera asegura que la plantilla de las dependencias del juzgado que instruye el caso 'Rocket' está bien dimensionada

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha señalado en el Parlamento andaluz que el juzgado de Instrucción número 2 de Peñarroya cuenta con todos los recursos, personales y materiales, para afrontar su carga de trabajo. Este juzgado es el encargado de la instrucción del llamado caso Rocket, que acabó con la detención de la exalcaldesa socialista Luisa Ruiz.

En su respuesta a una pregunta del grupo parlamentario popular, De Llera ha señalado que dicho juzgado tiene una plantilla de dos personas del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, dos del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y una de Auxilio Judicial.

De Llera ha explicado que la plantilla se encuentra cubierta en su totalidad por personal funcionario de carrera, salvo una vacante del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa que está ocupada por una interina, sustituida, a su vez, por otra que cubre su permiso maternal desde el pasado 25 de diciembre de 2015.

En lo que a carga de trabajo se refiere, en 2015, este juzgado, de acuerdo con los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), registró un volumen de ingresos de 450 asuntos. Esta cifra lo sitúa en el límite menor del módulo calificado como normal por el CGPJ, delimitado entre los 450 y 550 asuntos, y, si hablamos del orden penal, está muy por debajo de la media de establecida -2.170-, con 1.250 asuntos.

En relación a los asuntos en trámite, en el orden penal, este juzgado comenzó el ejercicio con una pendencia de 286 asuntos y lo terminó con 258. “Es decir”, ha dicho De Llera, “tiene capacidad para afrontar los asuntos ingresados e ir disminuyendo los pendientes”.

Las comunidades autónomas determinan cada año, en sus respectivos ámbitos territoriales, las necesidades de recursos humanos respecto a los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y ponen tales necesidades en conocimiento del Ministerio de Justicia.

Es el Ministerio de Justicia el que elabora la oferta de empleo público y procede a la convocatoria de los procesos selectivos. “Por ello, en los últimos 4 años, debido a la política de restricciones seguida por el Ministerio de Justicia, la plantilla no se ha incrementado en lo deseable”, según De Llera.

“Desde la Junta de Andalucía”, ha insistido el consejero, “hemos seguido proponiendo año a año el incremento de la oferta de empleo para los cuerpos de la Administración de Justicia y para este año 2016, la oferta de empleo incluye 40 nuevas plazas del cuerpo de gestión, 39 para tramitación y 57 para auxilio”.

Con ello, se verán ampliadas las plazas en administración de Justicia en Andalucía mediante empleo estable, lo que permitirá destinar el personal de refuerzo a aquellos puestos en que sean necesarios por las circunstancias de sobrecarga de los órganos judiciales.

“Mientras tanto, continuamos trabajando para garantizar con nuestros medios la prestación del servicio público en condiciones adecuadas, precisamente porque ese ha sido un objetivo irrenunciable de este Gobierno: seguir prestando servicios públicos esenciales entre los que se encuentra Justicia”, ha concluido De Llera.