Condenados siete presos por un motín en la cárcel de Córdoba

El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha condenado a penas de entre seis meses y dos años y diez meses de cárcel a siete presos, de entre unos 47 y 34 años, acusados de delitos de atentado a la autoridad con agravante de reincidencia en dos casos, delitos de desórdenes públicos y daños, tras supuestamente atentar contra funcionarios de prisiones y herirlos en un motín en el Centro Penitenciario de Alcolea en 2007.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el día 30 de octubre de 2007 los siete presos se encontraban internos todos en calidad de penados en el Módulo 12 del Centro Penitenciario de Córdoba y sobre las 9:15, uno de ellos, aprovechando la apertura de los rastrillos del módulo, “decidió salirse al patio sin autorización; siendo requerido para su entrada por los funcionarios del centro”.

Al respecto, el procesado obedeció inicialmente la orden, aunque a uno de los funcionarios presuntamente le dijo que “veía menos que un burro”, para acto seguido comenzar a “propinar patadas a la puerta del segundo rastrillo de acceso al módulo”, lo que provocó que fuera requerido por cuatro funcionarios para ser cacheado dada su actitud.

Dentro de la sala, el acusado, tras decirle a los funcionarios que “no tenían huevos de cachearle”, trató de salir corriendo del módulo, siendo sujetado por funcionarios mientras “lanzaba patadas” que alcanzaron a dos funcionarios, “llegando a intentar morder en la mano a uno de ellos hasta ser finalmente reducido”. Posteriormente, comprobaron que el acusado escondía entre sus ropas “un pincho de metacrilato”.

Como consecuencia de estos hechos, un funcionario sufrió lesiones en la mano derecha, al tiempo que otro resultó con lesiones leves, habiendo renunciado ambos en el acto del plenario a reclamar indemnización por las lesiones. Si bien, ante tal actuación, los funcionarios decidieron su ingreso en el módulo de aislamiento del Módulo 15.

Durante su traslado, el procesado supuestamente trató de conseguir el apoyo de otros internos, diciendo a gritos que le ayudaran que iban a “matar a esos cabrones, que estaban esperando para ir contra ellos”. El acusado consiguió que parte de los internos del módulo “comenzaran a patear las puertas del rastrillo, gritando a los funcionarios diciéndoles que les abrieran las puertas si tenían huevos” y “que fueran a por ellos si eran capaces”.

EL ALBOROTO

Así, el alboroto dentro del módulo fue alentado y dirigido por otro de los acusados, quién consiguió inicialmente el apoyo de una parte importante de los internos del módulo. Éste propuso al grupo que “prendieran fuego a todo el módulo”, de modo que los funcionarios trataron en ese momento de calmar al encartado, quién insistía una y otra vez en su postura considerando que debían devolver al primer procesado al módulo, hasta que “en un momento dado decidió sacar un pincho que portaba, con el que amenazó con clavárselo al jefe de servicios”.

De este modo, los funcionarios hubieron de replegarse al búnker al encontrarse “rodeados”, desde donde se cursó las órdenes a los internos para el recuento. La orden, según la juez, fue “desobedecida”, procediendo parte del grupo de internos, entre ellos otros tres acusados, estando siempre al frente de la revuelta el segundo procesado, saliéndose los internos al patio y comenzaron a “lanzar y destrozar mobiliario del módulo y a tratar de romper los cristales del búnker”.

Según se relata en la resolución judicial, el grupo se dirigió al gimnasio para conseguir barras de hierro con las que continuar su acción, “destrozando cristales del comedor y del búnker y causando daños valorados en 2.961 euros”.

Ante la aparición de otros funcionarios de refuerzo, los internos fueron replegándose hacia sus celdas, quedándose en el lugar el presunto instigador, que portaba en ese momento entre sus manos “una barra de hierro” y en la otra “un pincho”, al tiempo que presuntamente retó a los funcionarios con que se acercaran a él, permaneciendo junto a él otro de los procesados.

De este modo, la magistrada explica que supuestamente comenzó a lanzar puñaladas hacia el subdirector del centro, “estando cerca de darle en un ojo, hasta que finalmente fue reducido”, al igual que “daba patadas a otros funcionarios”. Como consecuencia de ello, el subdirector sufrió lesiones en la mano izquierda, mientras que otro funcionario, que participó en las labores de contención del altercado, sufrió lesiones en su mano izquierda.

“SACÓ UN PINCHO”

Posteriormente, cuando se procedió al cacheo personal del presunto instigador por un funcionario, éste observó “una maniobra extraña, viendo como el acusado sacó un pincho con el que se dirigió contra él hacia el cuello”, aunque logró evitar que le alcanzara en esa zona, aunque sí le alcanzó en el hombro izquierdo. En el incidente también resultó agredido otro funcionario, aunque no consta que tuviera lesiones.

Una vez terminado el incidente anteriormente relatado, otro de los procesados fue requerido para un cacheo personal con detector de metales. Al negarse a hacerlo se le ordenó que se apoyara con las manos en la pared, “teniendo que ser puesto por la fuerza”, según indica la juez, quien explica que “al encontrársele una cuchilla de afeitar entre los dedos, el encartado forcejeó dándole un empujón al funcionario, sin que conste que le causa lesión alguna”.

Al oír lo que estaba sucediendo, el hermano del presunto incitador “se unió a la revuelta con una barra que había cogido del gimnasio y lanzó repetidos golpes contra la cristalera de seguridad de la oficina de los funcionarios, rompiendo tres paneles y gritando a la vez y en presencia de otros internos”. No obstante, los funcionarios lograron que depusiera su actitud. Los daños causados en el módulo han sido valorados en 1.128 euros.

Asimismo, otro de los acusados cuando ingresó en el módulo de aislamiento supuestamente agredió “dando patadas a dos funcionarios, teniendo que ser reducido por estos funcionarios utilizando la fuerza imprescindible”. Ambos sufrieron lesiones leves y tuvieron que ser reconocidos por el médico forense, al tiempo que en el acto del plenario reclamaron indemnización por las lesiones sufridas.

DILACIÓN EN LA TRAMITACIÓN

Entretanto, la magistrada señala en la sentencia que “se ha producido una dilación en la tramitación de la causa por motivos ajenos a la voluntad de los acusados, que ha dado lugar a que tarde casi diez años la celebración del juicio”.

Mientras, apunta que el presunto instigador ha sido condenado por delito de atentado en sentencias de septiembre de 2000 y diciembre del mismo año, dejando extinguida su condena en el primero de los casos en diciembre de 2012 y en el segundo en septiembre de 2009. Y el primero de los procesados ha sido condenado por delito de atentado a la pena de un año de prisión en abril de 2006.