Comienzan a declarar los imputados de Fuente Obejuna por los ERE

La jueza Alaya escuchó ayer el testimonio de cuatro presuntos beneficiarios de los expedientes irregulares

Córdoba vuelve a asomarse al caso de los ERE fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya. En su despacho de la Audiencia de Sevilla declararon ayer el presidente de la asociación de trabajadores de Matadero de Fuente Obejuna, Manuel Granado Pérez; su esposa, Florencia Romero Valdivia; Mariano Martínez Fernández, antiguo trabajador de Hijos de Andrés Molina y el tesorero de la asociación, Domingo Valle Prieto.

523.000 euros. Es el dinero que cobraron los cuatro intrusos que se colaron en el ERE del Matadero de Fuente Obejuna, según el último auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso este periódico. En su auto, la juez describe cómo fue el proceso para que se colaran estos cuatro intrusos en el año 2001 sin que, aparentemente, nadie se diera cuenta.

Los trabajadores del matadero de Fuente Obejuna sufrieron hasta cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) suspensivos. El último se firmó en 1998, cuando se cerró el matadero. Sin embargo, en el año 2001 y asesorados por el considerado como el cerebro de la trama de los ERE, Juan Lanzas, se constituyó una asociación de antiguos trabajadores del matadero de Fuente Obejuna. Según el auto de la juez Alaya, que se sustenta en una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el fin de esta asociación era conseguir prejubilaciones para los antiguos trabajadores del matadero, ya que había pasado el tiempo, no habían encontrado trabajo y además estaban agotando sus prestaciones por desempleo. Esta asociación de trabajadores se constituyó en el despacho de abogados de Daniel Gutiérrez Montaña y Carlos Leal, en Sevilla. Estos dos letrados están imputados en el proceso de la juez Alaya.

En ese momento apareció en escena Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía. “Guerrero, prescindiendo como era habitual de todo procedimiento administrativo, aceptaría dar de manera arbitraria el dinero que hiciera falta a través del pago de las primas de las pólizas que se le presentaron”, escribe la juez Alaya. Pero había un problema. Los antiguos trabajadores del Matadero de Fuente Obejuna habían agotado su prestación por desempleo y habían pasado más de 90 días desde entonces. Por eso, no podían tener derecho a ser incluidos en un ERE.

Ni corto ni perezoso, Juan Lanzas subió a los trabajadores en un autobús y se los llevó hasta la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales, propiedad de su amigo Juan José Viedma. Esta empresa dio de alta a todos los trabajadores con “contratos falsos”, escribe la juez. Los empleados estuvieron dados de alta entre 16 y 21 días y gracias a ello pudieron entrar en el ERE.

Es aquí donde entran los primeros intrusos, según la juez. “Como agradecimiento, Juana Pilar Viedma Ocaña, administradora de la empresa, y la pareja de su padre, Adoración Navarro Fernández, serían incluidas como intrusas, percibiendo 117.000 y 111.000 euros, respectivamente”. La Guardia Civil ha detectado que había un tercer intruso, un “posible conocido” de Lanzas llamado Mariano Martínez Fernandez y antiguo trabajador de Hamsa. Percibió un total de 120.000 euros. La cuarta intrusa era Florencia Romero Valdivia, “la esposa del presidente de la Asociación del Matadero de Fuente Obejuna, Manuel Granado Pérez”. Según el auto, esta mujer percibió 158.000 euros. El tesorero que esta asociación de ex trabajadores, que firmó las pólizas, percibió “fraudulentamente” más de 17.000 euros.

El matadero de Fuente Obejuna comenzó a funcionar en 1976 y alcanzó su máximo apogeo cuando estuvo gestionado por la firma Carnes Estellés, que también se hizo cargo de Iccosa, un matadero localizado en Córdoba detrás de las polémicas naves de Colecor, hoy propiedad del Ayuntamiento de Córdoba tras su embargo a Arenal 2000. En el matadero de Fuente Obejuna llegaron a sacrificarse hasta 2.500 cerdos al día. Esta empresa abandonó la actividad en 1990, fecha en la que los trabajadores constituyeron la sociedad anónima laboral Mafusal, que se hizo cargo de las instalaciones entre 1990 y 1998.