El cogobierno de PP y Ciudadanos levanta su primer gran reparo de Intervención del mandato

Poco más de 100 días de gobierno después, el PP y Ciudadanos se han enfrentado al primer gran reparo de la Intervención Municipal del Ayuntamiento. Y la manera de levantarlo no ha sido muy ortodoxa. La Intervención General de Fondos ha fiscalizado “de disconformidad” el expediente para prorrogar otros nueve meses más el contrato de gestión de las salas municipales de barrio por parte del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) de Córdoba.

Sin embargo, el informe, que suspendía la tramitación de este expediente que este lunes cumplía su última prórroga, tenía que ser levantado con la firma del alcalde, José María Bellido, para que se pudiera continuar con la tramitación. Pero no ha sido ni Bellido ni el PP el que ha levantado el reparo, sino la “alcaldesa accidental” Isabel Albás (Ciudadanos), que este mismo 30 de septiembre firmó el decreto. Es decir, ha sido necesario que este lunes el alcalde, José María Bellido, cediera temporalmente el mando a Albás, primera teniente de alcalde, para firmar el decreto.

El consejo rector del Imdeco se reunió este lunes por la tarde. Entre sus asuntos, entró por urgencias la continuación del servicio de las salas de barrio. En su informe, la Intervención General de Fondos señala que este contrato es de 2018 y que entonces, mientras se adjudicaba nuevamente, se prorrogó un año. El PP y Ciudadanos decidieron prorrogarlo otros tres meses más cuando llegaron al gobierno. Esos tres meses se cumplían precisamente el 30 de septiembre. “Como ya se ha señalado, la duración de este contrato se estimó en un año, pudiendo ser prorrogado por un plazo máximo de tres meses. Así pues, una vez agotada la prórroga (que finalizará el 30 de septiembre) los servicios objeto de este expediente no podrán continuarse”, señala el informe.

Es decir, el contrato no podía ser prorrogado de nuevo, como se ha hecho, según el informe de Intervención. El Imdeco, en manos de Ciudadanos, poseía un informe que así lo estimaba por parte del secretario de este consejo rector. Pero el informe de Intervención es contundente: “La nueva contratación está iniciada y a expensas de dotación presupuestaria, según informa el Servicio Gestor. No entramos a juzgar las 'vicisitudes administrativas' que no podrían, en ningún caso, admitirse como imprevisibles. El motivo por el que no se ha producido la adjudicación de un nuevo contrato para dichos servicios antes del vencimiento del contrato vigente es la demora en la tramitación de los nuevos expedientes de adjudicación, que no se han producido con anterioridad a la finalización del presente”.

“Como se ha reiterado en diversas ocasiones por esta Intervención, los motivos de interés público y de obligatoriedad de la prestación de los servicios por parte del Ayuntamiento pueden justificar la necesidad de su contratación externa, pero en ningún caso debería justificar la continuidad de los contratos más allá de la fecha de su vencimiento, puesto que en todos los casos aludidos en el párrafo anterior tiene lugar en una fecha cierta, bien conocida por los responsables en la tramitación de dichos contratos”, insiste el documento, al que ha tenido acceso este periódico.

“En el presente expediente queda acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente mediante los oportunos documentos contables de retención de crédito, así como la competencia del órgano. Sin embargo, esta Intervención entiende que en la presente propuesta se estarían omitiendo trámites esenciales, puesto que, como se ha señalado a lo largo de este informe, se está prescindiendo del procedimiento previsto para las prórrogas de los contratos (o su continuidad) en la normativa de contratación pública”, agrega en otro párrafo.

El malestar en la Intervención General con el trámite es absoluto. Así, una vez concluido, este servicio aprovecha para asegurar que “la emisión del presente informe ha supuesto la alteración del riguroso orden cronológico en el despacho de expedientes por parte de esta Intervención General, lo cual conlleva la demora en la fiscalización de otros expedientes y en su caso el incumplimiento de los plazos legales. Esta Intervención General deja constancia en el presente informe de la carencia de medios personales en este órgano de control, puesta de manifiesto de manera reiterada en los últimos años a las autoridades municipales, así como a la Dirección General de Recursos Humanos, sin haberse adoptado medidas al respecto. Como consecuencia de lo anterior, la funcionaria que suscribe se ve imposibilitada, con los medios de que dispone, para ejercer en plazo y con las debidas garantías todas sus competencias y facultades”.

https://cordopolis.es/2019/09/30/el-imdeco-prorroga-otros-nueve-meses-mas-el-servicio-de-las-salas-de-barrio/