Alaya imputa a la número 22 de la lista del PP en Córdoba que renunció

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla incluye en la causa a la ex gerente de Promi Cristina Ruiz, además de a los mediadores del ERE en el Matadero de Fuente Obejuna

Cristina Ruiz, ex gerente de Promi y ex candidata del PP a concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, ha sido imputada en la causa que instruye la juez Mercedes Alaya de Sevilla sobre la trama de los ERE fraudulentos negociados por la Junta de Andalucía. Según el auto de la juez Alaya, firmado el pasado 31 de julio y que hoy publica en su edición local el periódico ABC, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla llama a declarar en calidad de imputada a la exgerente de Promi Cristina Ruiz, que tuvo que dimitir en 2011 cuando ocupaba el lugar número 22 de la candidatura del Partido Popular a la Alcaldía de Córdoba porque pidió, según el auto, favores personales para beneficiar a un familiar.

Además, la juez Alaya amplía la causa con más imputaciones de cordobeses: incluye a todos los que mediaron, gestionaron y se lucraron con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se tramitó en el Matadero de Fuente Obejuna.

En el caso de Cristina Ruiz, finalmente no llegó a concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2011 después de que trascendiera que estaba siendo investigada por la juez Alaya. El padre de Cristina Ruiz, la candidata del PP cordobés que dimitió salpicada por el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos, es uno de los intrusos detectados por la Junta. Rafael Ruiz percibió supuestamente de manera ilegal 58.000 euros como falso prejubilado, según refleja su declaración policial, al ser incluido en el ERE de la empresa Cespa. Después de que trascendiera esta información, Cristina Ruiz, que iba en el puesto número 22 de la lista de José Antonio Nieto pero como independiente, renunció a concurrir a las elecciones municipales de Córdoba.

Por otra parte, y según publica el diario ABC, en lo referente a Matadero de Fuente Obejuna, Alaya imputa a personas relacionadas con la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales —su administradora, Juana Pilar Viedma; su padre y amigo del conseguidor Juan Lanzas, Juan José Viedma, y a la pareja de éste, Adoración Navarro. En abril, la jueza ya apuntó a este matadero cuando emitió un auto en que describía que el primer ERE en el que medió Juan Lanzas (al que considera cerebro de la trama) fue el que en 1998 concluyó con el cierre de las instalaciones de Fuente Obejuna. Entonces, Juan Lanzas era secretario general de la Federación de Alimentos de UGT Andalucía, cargo que abandonaría cuatro años después, en 2002.

Según se recogía en el auto de abril, Juan Lanzas intervino “en la negociación” de este ERE “para conseguir financiación junto al que él llamaba su equipo, Estudios Jurídicos Villasís y la mediadora Vitalia”. “Se concedieron tres ayudas: una de 1,9 millones de euros, otra de 450.000 y otra de 120.000, y se suscribieron cuatro pólizas con un sobrecoste de 574.874 euros, con un 29% de comisión en alguna de ellas”, agrega la juez Alaya, que insiste en que todo se hizo “con la ayuda de Lanzas y el consentimiento de la administración”.

El matadero de Fuente Obejuna comenzó a funcionar en 1976 y alcanzó su máximo apogeo cuando estuvo gestionado por la firma Carnes Estellés, que también se hizo cargo de Iccosa, un matadero localizado en Córdoba detrás de las polémicas naves de Colecor, hoy propiedad del Ayuntamiento de Córdoba tras su embargo a Arenal 2000. En el matadero de Fuente Obejuna llegaron a sacrificarse hasta 2.500 cerdos al día. Esta empresa abandonó la actividad en 1990, fecha en la que los trabajadores constituyeron la sociedad anónima laboral Mafusal, que se hizo cargo de las instalaciones entre 1990 y 1998.