Los abogados de Rey Heredia alegan defectos de forma en la orden del juez

La defensa de la Acampada Dignidad entrega un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial con el que pretenden frenar el desalojo dictado por titular del Juzgado de Instrucción número 4

Los abogados de los imputados por la ocupación del edificio del antiguo colegio Rey Heredia por la Acampada Dignidad, han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba en el que rebaten los argumentos del titular del Juzgado de Instrucción número 4 para adoptar la medida cautelar de desalojo, según detalla a través de su página web la Acampada Dignidad. En concreto, los abogados fundamentan la improcedencia de la medida cautelar dictada por el Juzgado de Instrucción en los “defectos formales en el procedimiento”.

El recurso se fundamenta en cuatro argumentos: “Primero, el Ayuntamiento no está legitimado para ejercer la acusación, al no constar acuerdo del Pleno municipal en tal sentido; segundo, el Juzgado no ha practicado la inspección ocular del Rey Heredia solicitada por los imputados; tercero, no concurren las circunstancias específicas para justificar la medida cautelar de desalojo; y cuarto, el juez pretende una finalidad preventiva general sin que aún se haya celebrado el juicio”.

En cuanto al primer argumento, el recurso alega que no está acreditado que exista un acuerdo municipal para la solicitud de acciones penales y medidas cautelares. En segundo lugar, en el recurso se alega que desde el Juzgado de Instrucción 4 no se ha dado respuesta a la solicitud de inspección ocular del local, su estado y su uso, “omitiendo la práctica de una diligencia fundamental, a diferencia de lo sucedido con cada una de las solicitadas por el Fiscal, provocando indefensión y desigualdad en el proceso”.

En tercer lugar, en el recurso se alega que la adopción de medidas cautelares se ha realizado sin concurrir algunos de los requisitos imprescindibles para la adopción de estas medidas. Así, no se considera acreditado “la existencia de periculum in mora, peligro en la demora, ya que no existe peligro alguno de que la posible resolución judicial resulte infructuosa. Transcurridos seis meses de uso del centro no se ha acreditado daño alguno, sino todo lo contrario, ni se ha impedido al Ayuntamiento ningún uso previsto, no hay motivos para suponer que, esperar los escasos meses que faltan hasta la sentencia, vayan a ocasionarlos”, argumentan.

Además, para los imputados las actuaciones judiciales acreditan que el local estaba abandonado y no puede ser objeto de uso municipal en el medio y corto plazo, por lo que la actividad de la Acampada Dignidad en él no puede privar de uso a quien lo mantenía en situación de abandono y con un destino previsto de derribo.

En el recurso presentado, “se contradice con abundante jurisprudencia la afirmación del titular del Juzgado de instrucción 4 de Córdoba, de que nadie puede negar el desalojo cautelar, por contra, la jurisprudencia aportada evidencia que son numerosas, y no excepcionales, las sentencias en las que los propios órganos judiciales han negado lo que este Juzgado considera como innegable”, detallan los letrados a través de la web.

En cuarto, y último lugar, se considera que la justificación que el juez hace de las medidas cautelares en base a la necesidad de no “dar crédito ni avivar la llama de actuaciones similares” da a la adopción de medidas cautelares, fines de prevención general reservados para la pena. “Por lo que se alega que la adopción o no de medidas cautelares nada tendría que ver con la prevención de futuras conductas. Y esto es así, cuando la actividad desarrollada en el centro social es impulsada por un grupo abierto de ciudadanos, organizados para satisfacer necesidades básicas, como la alimentación o el estudio, que no están siendo satisfechas por las administraciones a quienes correspondería”, insisten. “La eventual paralización de estas actividades, que el mismo juez califica de loables, solo debería producirse tras un juicio oral con las debidas garantías”.

Se ha solicitado la tramitación preferente del recurso, dado el plazo de treinta días dado por el Juzgado para el desalojo, que podría hacer que el recurso se estimase una vez se hubiese llevado a acabo el mismo.

Mientras, la Acampada Dignidad ha anunciado que continuará con las movilizaciones previstas contra el desalojo del Rey Heredia, convocando sendas movilizaciones a nivel estatal los próximos 26 de abril y 10 de mayo con las que reclama al Ayuntamiento que detenga el desalojo y permita el uso que se viene haciendo del colegio Rey Heredia.

IU VUELVE A PEDIR UN REFERÉNDUM EN EL DISTRITO SUR

Por otra parte, el coordinador local de IU, Galileo Florido, ha vuelto a pedir al alcalde de Córdoba, como ya hiciera hace 6 meses, la celebración de un “referéndum”, tal y como permite el Reglamento de Participación Ciudadana, entre los vecinos y vecinas del distrito Sur de la ciudad, para que “sean ellos los que decidan qué uso darle al antiguo colegio público Rey Heredia y en qué condiciones quieren hacerlo”, según ha informado la coalición a través de una nota de prensa.

Florido ha señalado que “desde IU entendemos que mientras se termina de impulsar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), mientras se concluye la remodelación de la antigua Escuela de Magisterio y ante la ausencia de espacios para los colectivos del barrio, esta infraestructura municipal podría satisfacer las necesidades de las asociaciones y continuar con su labor social, tal y como está haciendo la Acampada Dignidad”.

Según Florido, “desde IU pedimos al alcalde que lleve a cabo el referéndum, que escuche a los vecinos, que recupere los valores democráticos y que lleve al hecho aquello que reivindicaba cuando estaba en la oposición: la participación ciudadana”. No obstante, continúa el coordinador local “si el PP, si el alcalde decide no hacer el referéndum, IU lo impulsará, recogerá las firmas que hagan falta y trasladará al Ayuntamiento la voz de los vecinos y vecinas de la zona Sur de Córdoba”.