Servicios públicos cerca de petar

En 2010, Bruselas pidió al Gobierno de Zapatero que redujera el número de funcionarios de España, que eran muchos. El expresidente socialista decidió que lo suyo no era despedirlos, por lo que ideó una curiosa estrategia: reducir la tasa de reposición al 10%. Es decir, de cada diez funcionarios o trabajadores públicos que se daba de baja, se jubilaba o moría tan solo se contrataba a una persona. Así, cada año, se iba reduciendo de forma constante el número de funcionarios, casi como si no pasara nada, y sin tener que tomar la medida dramática de poner a nadie de patitas en la calle.

En 2016, la situación de los servicios públicos se ha vuelto insostenible. En la educación, faltan profesores por todas partes. Las clases cada vez acogen a más alumnos, con el consiguiente deterioro de la educación. En la sanidad, los turnos se hacen imposibles. Y en la administración, apenas si hay gente para cubrir servicios básicos.

En el Ayuntamiento de Córdoba, los colegios carecen de ordenanzas que abran y cierren las puertas. Tienen que ser los profesores o los padres los que lo hagan, creando una situación de inseguridad manifiesta. Tampoco ayuda la situación en áreas como Infraestructuras, donde no hay apenas trabajadores para atender el necesario mantenimiento de la ciudad. O en los museos, que se quieren abrir ahora más horas que nunca, pero que para hacerlo es imposible.

Los sindicatos, muy combativos en la última etapa del gobierno del PP, han dicho basta y han anunciado que se plantan. La situación se ha vuelto insostenible, tanto para los trabajadores como para el propio gobierno municipal, que está atado de pies y manos y que no puede incumplir la ley. En la práctica, los ayuntamientos están intervenidos y no pueden hacer más que esperar a que un nuevo gobierno derogue la normativa (impuesta por Bruselas) y empezar a contratar a gente para aliviar la situación crítica de sus servicios públicos.

Nadie debe sorprenderse si se afirma que la medida impuesta por Bruselas busca solo un objetivo: privatizar todos los servicios públicos que se pueda. Es decir, abocar a los ayuntamientos a externalizar si quieren garantizar el mantenimiento de sus servicios. Los sindicatos y los trabajadores pueden y deben protestar, pero los ayuntamientos tienen bastante poco margen de maniobra... a no ser que en Madrid alguien decida ponerse de acuerdo, formar gobierno y empezar a derogar leyes. Pero, ¿les dejará Bruselas? Lo dudo.

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7 de febrero de 2016 - 02:14 h