La Junta septuplica en un año la red de entidades sociales cordobesas que colaboran con la Justicia Juvenil

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, se ha reunido este viernes en Córdoba con una veintena de entidades sociales de dicha provincia, que en un año han septuplicado su número y que colaboran con el sistema andaluz de Justicia Juvenil para reeducar a los menores infractores que cumplen medidas impuestas por los jueces.

A este respecto, Nieto ha destacado que, gracias a convenios de colaboración entre la Junta y estas asociaciones, que “en el último año han pasado de 3 a 19 y en breve se sumarán otros dos, los jóvenes pueden realizar prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas colaborando en la labor social de estas entidades, que les permiten tomar conciencia de la realidad de colectivos vulnerables y contribuyen a desarrollar valores como la empatía y la solidaridad, además de comprobar que pueden ser útiles para la sociedad”.

Nieto ha agradecido a estas entidades “su implicación para reorientar a jóvenes que, por diversas circunstancias, han tenido conductas que les han llevado ante un juez y darles una segunda oportunidad”. El consejero se ha mostrado “orgulloso” del reconocimiento nacional e internacional del sistema andaluz de Justicia Juvenil, por su alta tasa de reinserción, ya que “en torno al 80% de los jóvenes que cumplen medidas judiciales en los centros y servicios que gestiona la Junta no reincide”.

Los jueces de menores pueden decretar medidas de internamiento, que los jóvenes cumplen en alguno a de los 14 Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) repartidos por las ocho provincias (Medina Azahara y Sierra Morena en Córdoba), o no privativas de libertad, que son mayoritarias. Entre estas últimas se encuentran las prestaciones en beneficio de la comunidad y las tareas socioeducativas.

La Consejería tiene convenios con más de 300 ayuntamientos (71 en Córdoba) y ONG andaluzas para que los menores cumplan estas medidas colaborando en servicios municipales de limpieza, mantenimiento o jardinería pero también en la asistencia a colectivos vulnerables bien en servicios sociales locales o en asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, mayores o familias vulnerables.

El año pasado, 354 menores infractores cumplieron 747 medidas judiciales en Córdoba, si bien un mismo menor puede cumplir varias. Así, en los CIMI se ejecutaron 138 medidas de internamiento (1.590 en toda Andalucía) y 609 medidas de medio abierto (6.337 en toda Andalucía), entre ellas las prestaciones en beneficio de la comunidad (53 en Córdoba de un total de 335) y las tareas socioeducativas (101 en Córdoba y 950 en toda la comunidad).

Actualmente, la Delegación Territorial de Justicia tiene convenios en materia de Justicia Juvenil con entidades que trabajan en toda la provincia. Solo en el último año se han suscrito 16 acuerdos con Autismo Córdoba, Disgenil, Funlabor, Albasur, Apannedis, Fundación Prode, Fepamic, Semillas de Futuro, AMFE, El Sauce, Aliento de Vida, Acodisval, AFA, Fundación Arjona Varela, Baena Solidaria y AVAS.

Ya se venía colaborando con Promi, Córdoba Acoge y Futuro Singular, y en breve se sumarán Cruz Roja Córdoba y Cruz Blanca y, a este respecto, Nieto ha aplaudido la labor de la delegada territorial en Córdoba, Raquel López, al multiplicar por seis los convenios con asociaciones.

El consejero ha subrayado que, con este notable incremento de convenios, no solo se ha ampliado la cobertura territorial de la red de Justicia Juvenil que facilita que los menores cumplan las medidas en su entorno sin tener que desplazarse, sino también la diversidad de ámbitos en los que desarrollan las tareas impuestas por los jueces, ya que se trata de entidades que trabajan con colectivos diversos.

Nieto ha incidido en la importancia de su apuesta por los menores infractores y ha invitado a otras asociaciones y ayuntamientos a unirse a esta labor, “que es una obligación para con quienes aún tienen mucho que aportar a la sociedad”.

“La ampliación de los recursos disponibles y la implicación creciente de administraciones locales y entidades sociales contribuyen a mejorar la calidad de la intervención socioeducativa, favoreciendo la responsabilización de los menores infractores y promoviendo su integración social en condiciones que permitan prevenir la reincidencia y facilitar su desarrollo personal y comunitario”, ha defendido.