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La Diputación mejora el convenio marco para la gestión integral de residuos

Contenedores instalados por Epremasa en Montoro

Redacción Cordópolis

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La Diputación de Córdoba ha considerado “necesario” que el texto del convenio marco que regula la prestación, por la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Empremasa), de los servicios precisos para la gestión integral de los residuos domésticos y municipales en las localidades cordobesas que así lo estimen, acoja ahora “una serie de modificaciones por motivos de mejora en la fundamentación legal”.

Así lo recoge el expediente correspondiente, al que ha accedido Europa Press y que ya ha sido aprobado por el Pleno de la Diputación, recordando que, precisamente, hace año y medio, el 20 de enero de 2021, ya se acordó por el Pleno el texto íntegro del citado convenio marco, “el cual ha sido utilizado para la formalización de diferentes convenios durante el último año, en municipios tales como Villafranca, Montoro o Baena”.

Sin embargo, ahora “es necesario que acoja una serie de modificaciones por motivos de mejora en la fundamentación legal”, y también “por cuestiones de actualizaciones de carácter legal y, en su caso, por la propia casuística y aplicación pragmática de los acuerdos adoptados”.

Además de los cambios preceptivos para la adaptación legal del articulado del convenio marco, también se hacen cambios en el anexo IV del texto, dado que “cabe la posibilidad de ir actualizando los

precios de las unidades de contenedores soterrados que Epremasa vaya

suministrando e instalando, previa licitación pública, en los diferentes municipios“.

De esta forma, los precios de los contenedores soterrados, “dado el alto grado de volatilidad de los mismos”, podrán “ir actualizándose y ajustándose a los precios existentes en el mercado”.

Por último, también se incorporan cambios en la estipulación octava, “con la inclusión una Comisión de Seguimiento para el control y vigilancia del objeto del convenio, acordes con los requisitos que a estos efectos se recogen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, en cuanto a los mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.

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