La Diputación explica en institutos de la provincia el funcionamiento del arbitraje de consumo

La Delegación de Cohesión Social, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba está desarrollando en varios institutos de la provincia una serie de sesiones para trasladar a los jóvenes el funcionamiento de sus servicios de arbitraje de consumo, un servicio de carácter gratuito que permite solucionar conflictos entre consumidores y empresas sin llegar a la vía judicial.

Según ha destacado la vicepresidenta primera de la institución provincial y responsable del área, Dolores Amo, que ha estado en el arranque de estas sesiones, “es importante trasladar a nuestros jóvenes, los profesionales del mañana, que existe este sistema alternativo al judicial, un sistema que da más autonomía a los ciudadanos y que es eficaz y gratuito para las partes”.

La actividad se ha desarrollado ya en el IES Galán Acosta, de Montoro, y continuará durante el mes de mayo en el IES Nuevas Poblaciones de La Carlota, en el IES Ategua de Castro del Río, en el IES Felipe Solís de Cabra, IES Colonial de Fuente Palmera y el IES Sierra de Aras de Lucena.

Las sesiones se llevan a cabo en institutos que cuentan con ciclos formativos en comercio, marketing, gestión administrativa o comercio internacional, entre otros. La idea es que los empresarios y profesionales del mañana conozcan el arbitraje como sistema de resolución de conflictos. Además, se busca facilitar el acceso de los jóvenes al mismo como consumidores.

Como objetivo final, se persigue fomentar entre el sector empresarial la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo e impulsar la demanda del arbitraje como herramienta rápida para resolver las reclamaciones en consumo.

Una de las funciones de la Junta Arbitral de Consumo de la Diputación de Córdoba, constituida en 1998, es el impulso del arbitraje entre personas consumidoras, empresas o agentes sociales y económicos, entre otros. Desde su creación se ha impulsado el arbitraje entre varios sectores, como son la administración pública, el sector empresarial y las personas consumidoras en general.