“Queremos que el futuro se asegure y sea solvente”

Manuel Pastor, a la izquierda, en una junta de accionistas del Córdoba | ÁLEX GALLEGOS

Aunque es igualmente difícil la realidad sufre un cambio sustancial. El escenario actual es al menos distinto al de hace apenas dos días. La preocupación por el estado de las cuentas y la acuciante necesidad de solventar deudas a corto plazo no desaparece, ni mucho menos. Pero es ligeramente menor tras la apertura de una nueva vía para dar respuesta. Con una doble decisión inesperada, el Córdoba parece estar ante una muy probable salida a su crítica situación. Ésta es la venta de su unidad productiva una vez aprobado el inicio de un segundo concurso de acreedores. Tal es la doble medida que el lunes dictara el Juzgado de lo Mercantil número 1 a instancia de los administradores judiciales que dirigen el club desde hace poco más de una semana. El movimiento es consecuencia, además, de la oferta de adquisición presentada por un fondo de Baréin: Infinity Capital.

El horizonte abierto tiene como sustento dos autos judiciales, uno para la autorización del segundo concurso de acreedores y otro referido a la venta previo plazo de ofertas -hasta el 25 de noviembre-. En este último, el juez expone la idoneidad del proceso e incluso valora la propuesta del grupo inversor árabe, que consignó tres millones de euros. “El oferente presenta un proyecto societario y deportivo ciertamente atractivo”, llega a asegurar en su dictamen. Del mismo modo, subraya que la urgencia para llevar a cabo la operación se debe a que “la situación del club es absolutamente dramática”. Lo que pretende es, de esta forma, evitar que el Córdoba tenga un desenlace como el del Reus la pasada campaña, caso que cita, y garantizar el futuro lejano a través de la solución a corto plazo.

Realmente complejo es el plan, motivo por el que los administradores judiciales van a ofrecer explicaciones este martes. Es entonces, a partir de las 12:00, cuando va a ser más sencillo entender los detalles. Precisamente es lo que esperan en la Asociación de Minoritarios del Córdoba CF (CCF). “Creo que hay que estar tranquilos y esperar a que se aclare la situación”, expone Manuel Pastor, vocal de la directiva del organismo. Aun con una llamada a la calma admite, eso sí, que los pequeños accionistas vivieron “con gran sorpresa” cada novedad al respecto. “Nos sorprende un poco la secuencia. No parece casual. Es un gran shock y ahora hay que madurarlo y analizarlo”, afirma. Lo último es lo que comenzó a hacer junto César Ollero, abogado del colectivo.

Pastor señala acerca del auto del juez referente a la venta que “no parecía lógico que al final el club se adjudicase a una empresa y ya”. Con todo, entiende que “el tema no ha acabado y puede haber más lío hasta que se clarifique un poco”. En este sentido se duda sobre la posibilidad de que una SAD adquiera la unidad productiva de un club porque “hay cortapisas”. Trata así el requisito establecido para ser oferente: “La oferta deberá ser presentada por una SAD constituida ex novo”. Por tanto, no queda otra que esperar para conocer más detalles. Pese a todo, el vocal de Minoritarios CCF recuerda que los pasos tienen el aval de proceder de sede judicial. “Confiemos en la Justicia. Además hemos visto que hay grupos interesados”, resalta. En ahí donde incide en que “hay que solucionar el corto plazo porque si no, no habrá largo”.

Así, lo único que tienen rotundamente claro los pequeños accionistas es su deseo de garantizar la continuidad del club. “Queremos que el futuro se asegure y sea solvente. Los actores que ha habido no la han asegurado, todo lo contrario. Ante todo somos cordobesistas. Si es un tema que jurídicamente está garantizado, estamos abiertos a estudiar las nuevas alternativas”, expresa Manuel Pastor. El vocal de Minoritarios CCF también muestra la confianza en los administradores judiciales, en especial Francisco Estepa, encargado de mantener diversos encuentros. “Tenemos todo el respeto hacia la labor que hace y además está prestigiado por su trayectoria y es de garantías”, dice. Tal es la seguridad en su trabajo que “se vio que no era urgente” designar interventor, motivo por el que no se hizo.

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