El juez acusa a León de quedarse con “importantes sumas” del Córdoba

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, Antonio Rodríguez Moyano, considera que “presuntamente” y según los “indicios policiales” recabados, el ahora expresidente del Córdoba Club de Fútbol, Jesús León, llevó a cabo un “ilícito apoderamiento de importantes sumas derivadas de la actividad deportiva” de la sociedad anónima, según detalla en el auto por el que nombró administradores judiciales a Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu, al que ha tenido acceso este periódico.

Jesús León fue detenido por la Guardia Civil el pasado jueves. El viernes fue puesto en libertad con cargos, acusado de cuatro delitos: apropiación indebida, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y administración desleal. La investigación se inició tras una denuncia presentada en Mairena del Aljarafe (Sevilla) por Joaquín Zulategui, socio de la empresa Bitton Sport que trabajó para el club blanquiverde -llegó a ser secretario de consejo de administracion- durante la etapa de Luis Oliver.

El magistrado considera que León, durante el año y medio que ha estado al frente del club, ha estado realizando “múltiples y reiterados actos de disposición a costa del patrimonio del club y en beneficio propio”, afirma en el auto, en el que justifica que lo haya apartado como presidente y consejero delegado de la sociedad anónima deportiva.

¿Cuánto es el dinero supuestamente defraudado? De momento, todo se encuentra bajo investigación. El jueves, la Guardia Civil se hizo con abundante documentación sobre las cuentas del Córdoba Club de Fútbol. Los agentes están ahora analizando todo lo incautado para tratar de determinar exactamente qué es lo que puede faltar en la tesorería de la sociedad anónima deportiva.

La denuncia inicial parte de un presunto pago de un millón de euros autorizado por el propio León a la empresa de la que era propietario, la constructora Grucal, en concepto de compensación por no haber construido la Ciudad Deportiva en la parcela del Canal de Córdoba. Según ha podido saber este periódico, tras esa denuncia inicial se han producido investigaciones que han comprobado otros pagos supuestamente no justificados.

González y Bitton Sport, ante un nuevo escenario

Carlos González, que solicitó la intervención judicial del Córdoba en cuanto abrieron los juzgados tras el parón del verano, ha visto -de manera indirecta- cumplido su deseo. El tinerfeño venía reclamando la retirada inmediata de Jesús León del timón del Córdoba porque lo estaba “llevando a la ruina”, según denunció de modo reiterado desde meses antes de que llegara el 31 de julio, fecha en la que debía cobrar 4'5 millones por el contrato de compraventa firmado entre Azaveco (González) y Aglomerados (León) en enero de 2018.

“Estoy convencido de que no me va a pagar”, dijo. Efectivamente, León no le pagó. Y, además, ha tratado incluso de que el expresidente le devolviese el dinero que le había abonado -que obtuvo, según la investigación, a base de préstamos no devueltos- utilizando como munición varias querellas por administración desleal. Las admitidas a trámite no prosperaron.

Con León fuera de la gestión de la entidad y acusado de la presunta comisión de varios delitos societarios, queda por dilucidar quién es el dueño de las acciones del Córdoba CF. La vista que se celebrará el próximo 13 de diciembre en Madrid toma una nueva dimensión ante la situación de administración judicialen el club. Todo apunta a que la determinación de la propiedad tendrá un recorrido largo. González ya ha declarado que tiene un plan deportivo para reflotar al club y pelear por el ascenso, la única salida deportiva y económica para que la entidad no quiebre.

En el caso de Bitton Sport, empresa de Luis Oliver y Joaquín Zulategui, la intervención judicial del Córdoba trae consecuencias distintas. El grupo es acreedor de León -al que prestó para comprar las acciones- y del Córdoba CF, pues Oliver reclama sus emolumentos de su etapa de director general deportivo en la entidad. Esa reclamación es la que provocó el embargo de cuentas del club.

En este punto, los administradores judiciales tendrán que actuar para desbloquear al menos el dinero de la ayuda al descenso, cuya transferencia a las arcas del Córdoba podría servir para dejar, si no garantizada, encarrilada la supervivencia del club durante esta temporada en Segunda División B. Joaquín Zulategui insiste en que el verdadero tapón al progreso del Córdoba es la falta de ingresos, algo que, a su juicio, se solucionaría con la entrada de capital de su grupo. En la misma línea se sitúa González, aunque este cuenta con una carta de apariencia ganadora a su favor: la justicia podría devolverle la propiedad del Córdoba. Eso sí, lo que recupera no se parece ni por asomo a lo que vendió.

https://cordopolis.es/2019/11/10/el-juez-encarga-a-los-administradores-que-determinen-en-un-informe-urgente-si-el-cordoba-cf-es-viable/