El juicio a Carlos González, visto para sentencia: la Fiscalía rebaja su acusación y dos acusados quedan absueltos

La Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este miércoles la última sesión del juicio a Carlos González, dedicada a los informes finales de las partes y al derecho a la última palabra de los acusados. La jornada, maratoniana, se abrió con un giro relevante: la Fiscalía modificó su escrito de acusación, rebajó las penas que pedía y retiró por completo los cargos contra dos de los seis acusados, Álex Gómez Comes y Andrés Delgado, que quedaron absueltos en el mismo acto. El juicio quedó visto para sentencia al término de la sesión.

Una acusación más corta

El Ministerio Público reformuló su petición en varios frentes. Retiró toda la acusación contra Gómez Comes y Delgado; mantuvo contra Alejandro González únicamente un delito de falsedad documental, dejando caer el resto; y reconsideró la posición de Salvador Sánchez al dar por probado que el contrato de préstamo de 2016 fue real, lo que llevó a eliminar el delito de corrupción entre particulares que pesaba sobre él y sobre el propio Carlos González. Al situar varias de las operaciones antes de la reforma del Código Penal de 2015, la calificación quedó reconducida al antiguo artículo 295, en concurso con un delito de apropiación indebida.

Con esos cambios, la Fiscalía pide ahora siete años de prisión para Carlos González, como responsable de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental; cuatro años para Salvador Sánchez; cuatro para Francisco Javier Jiménez Sacristán; y dos para Alejandro González, además de una multa y una responsabilidad civil de unos 30.000 euros. También ajustó a la baja las cantidades reclamadas como responsabilidad civil, eliminando los honorarios de González de las temporadas anteriores a 2017 y las facturas de la empresa de seguridad, que nunca llegaron a abonarse.

La tesis de la Fiscalía

En su informe, la fiscal sostuvo que lo que se juzga son operaciones que Carlos González, como máximo accionista, habría dirigido para beneficiarse a sí mismo, a sus sociedades o a terceros. Recordó que el propio acusado admitió haber manejado el grupo como “una cuenta única”, de modo que cuando una de sus empresas necesitaba liquidez se le hacía un préstamo o una transferencia desde el club, a su juicio en perjuicio de los socios minoritarios. Apoyándose en el testimonio de la contable Rosa Agredano, describió una práctica en la que, cuando ella no podía contabilizar una factura por falta de soporte, González se lo facilitaba “siempre con fecha posterior” a la operación, y resumió que en el club no se movía nada sin su conocimiento.

A partir de ahí repasó las operaciones cuestionadas: las facturas de Ecco Documática y Azaveco que, a su entender, no respondían a servicios acreditados sino a meros apuntes para compensar saldos; los intereses “excesivos” de los préstamos con la sociedad de Salvador Sánchez frente a los pactados con las empresas de González; los gastos con tarjeta sin justificar -citó compras en joyerías, videojuegos en línea o un seguro privado-; el servicio de seguridad en el domicilio madrileño, que consideró desproporcionado; y el reparto de dividendos de 2016, que a su juicio se aprobó pese al criterio inicial del CSD y mediante una activación contable que “maquillaba” las cuentas. Concluyó que los hechos son constitutivos de administración desleal continuada, apropiación indebida y falsedad, y rechazó que la posterior recuperación del club por González borre el perjuicio, recordando a los accionistas minoritarios.

Las defensas: ni perjuicio ni delito

Frente a esa tesis, las cuatro defensas reclamaron la absolución y construyeron su alegato sobre una misma sospecha de origen: que la causa nace de una denuncia que el propio Jesús León admitió haber interpuesto como mecanismo de defensa, sin ver delito, y que se sostiene en dos informes -el de BDO y el de los administradores judiciales- que, recalcaron, se limitaron a constatar hechos sin afirmar que hubiera irregularidades, frente al de KPMG, que sí entró a justificar cada operación una por una.

A partir de ahí, los argumentos se repartieron en torno a tres ideas. La primera, que quien decidía era solo González: los letrados de Jiménez Sacristán y Alejandro González coincidieron en que sus clientes se limitaban a firmar o a figurar mientras el verdadero mando, también en 2017, seguía siendo el del expropietario, de modo que mal podían responder de unas decisiones que no tomaron. La segunda, que los servicios cuestionados fueron reales y hasta rentables: la defensa de Salvador Sánchez aportó un millar de folios para acreditar el trabajo de su cliente y subrayó que las salidas de jugadores que negoció dejaron entre seis y siete millones al club por una comisión de 150.000 euros, mientras la de Carlos González replicaba a la fiscal con sus propios ejemplos -el videojuego en línea era para Florin Andone, el futbolista más caro vendido por el club, y la compra en joyería, un obsequio en una negociación-.

La tercera razón alegaba a que nada de esto es materia penal, ya que el club era a todos los efectos de González, con el 98,7% de las acciones. A ello sumaron que las cuentas se auditaron sin salvedades, que el único perjuicio que un administrador judicial supo concretar fue un vago “coste de oportunidad” y que cualquier reproche pertenecería al ámbito mercantil, donde nadie ejerció jamás acción de responsabilidad. Además, varias defensas insistieron en el factor tiempo. Con los hechos situados entre 2013 y 2015 y una causa que se acerca a los ocho años, reclamaron la prescripción o, al menos, una atenuante por dilaciones indebidas, además de un error de prohibición en el caso de González, convencido -dijeron- de estar administrando lo que era suyo.

Visto para sentencia

Tras los informes, el tribunal concedió a los acusados el derecho a la última palabra. Solo intervino Carlos González, brevemente, para agradecer el trato recibido durante las dos semanas de vista. El presidente del tribunal dio por concluido el juicio, agradeció a las partes el tono mantenido y declaró la causa vista para sentencia, que se conocerá en las próximas semanas.