Carlos González rechaza las acusaciones y reivindica su gestión del Córdoba CF

La Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este martes la séptima sesión del juicio a Carlos González, en la que por primera vez declararon los acusados: el propio Carlos González, su hijo Alejandro González, Javier Jiménez Sacristán, Salvador Sánchez, Álex Gomez Comes y Andrés Delgado. La jornada, de orden alterado por la disponibilidad de los testigos, cerró las periciales con las comparecencias de los representantes de BDO y el Consejo Superior de Deportes y reservó su tramo central para la declaración del expropietario del club, que respondió únicamente a las preguntas de su defensa y enmarcó toda su intervención en una idea: que cada operación cuestionada fue legal, estaba contabilizada y nunca recibió un reproche de los organismos de control.

González sostuvo que asumió la gestión deportiva del club “íntegramente”, incluso después de ceder la presidencia a su hijo Alejandro en diciembre de 2016, una decisión que atribuyó a una situación personal límite por amenazas. “Lo que se hizo fue que yo dejara la presidencia, una decisión entre seguridad, policía y familia, pero el tema deportivo lo seguía llevando yo íntegramente”, declaró.

“El club estaba arruinado”

El relato de González partió de una premisa: que compró en 2011 un club “completamente en quiebra técnica”, sin liquidez, que sus otras empresas tuvieron que sostener. Por eso, explicó, durante los primeros años el personal, la contabilidad y los sistemas del Córdoba CF se llevaron desde Madrid con medios de su grupo y no se facturaron hasta que el club tuvo dinero para pagarlos. Esa es, defendió, la explicación de las facturas que la acusación considera sin servicio detrás. Y la que emitió en 2017, ya con su hijo de presidente, respondería a que él siguió dirigiendo lo deportivo desde fuera de la presidencia: “Yo no trabajo gratis, mis compañías no trabajan gratis”.

Frente a la idea de una gestión ruinosa, González reivindicó justo lo contrario. Sostuvo que su etapa dejó los mayores éxitos de la historia del club, no solo con el ascenso a Primera División sino con el filial en Segunda B y toda la cantera en sus máximas categorías. “Fue la mejor temporada de la historia del Córdoba, lo dice hasta la página web”, afirmó, atribuyendo ese reconocimiento incluso a los actuales propietarios. Defendió que los contratos que la acusación señala fueron una inversión que dio resultados, y se detuvo en la temporada en la que el equipo rozó un segundo ascenso: hizo, dijo, los mayores puntos de su historia en la primera vuelta y se quedó sin subir por circunstancias ajenas, como la marcha de jugadores a la Eurocopa -entre ellos Florin Andone- y un play off que, en su versión, perdió de forma injusta ante el Girona.

En todo lo demás, su defensa giró sobre una misma idea, repetida una y otra vez: que cada operación fue legal y que nadie -ni los auditores, ni LaLiga, ni el Consejo Superior de Deportes, ni los accionistas- le puso jamás un reparo. Lo aplicó al reparto de dividendos que, recordó, autorizaron los organismos y cobraron todos los socios; a los gastos con tarjeta, que defendió como obsequios de representación; o a la seguridad de su domicilio de Madrid, que dijo haber necesitado por amenazas de muerte y haber instalado por recomendación policial. “Siempre he tenido claro qué es legal y qué no, y todo lo que se hizo nos lo autorizaron”, zanjó.

Una versión que el resto de acusados sostuvo

Ninguno de los demás acusados se desmarcó de ese relato; al contrario, todos dibujaron a un Carlos González que nunca soltó las riendas. Su hijo Alejandro González, que asumió la presidencia en 2016 con 26 años, sostuvo que aceptó únicamente “la representación social” de la sociedad, sin asumir las funciones ejecutivas que su padre siguió desempeñando como asesor externo, sobre todo en lo deportivo, donde -dijo- era él quien decidía sobre entrenadores y plantilla. Negó haber sido accionista o haber cobrado un solo euro por aquellas operaciones y resumió estos años con amargura: “Lo único que he recibido es llevar imputado desde los 28 años”.

Por su parte, el resto de acusados se centraron en defenderse de las distintas acusaciones de la Fiscalía a través de su escrito. Así, Francisco Javier Jiménez Sacristán, mano derecha de González durante más de dos décadas, defendió que su paso de empleado a empresario con sociedad propia respondió a una decisión de carrera, asumiendo que su etapa en el club se acababa, y que en esa nueva relación mercantil hacía esencialmente el mismo trabajo comercial e institucional que antes. Sobre sus gastos con tarjeta, los calificó de “ridículos” para el presupuesto de un club y aseguró que siempre fueron de representación, documentados y a veces pagados de su propio bolsillo.

Álex Gómez Comes y Andrés Delgado se presentaron como dos piezas sin poder real de decisión. Gómez Comes, director deportivo, defendió que una cláusula de su contrato -pensada para protegerle si cambiaba la propiedad- acabó costándole a él su indemnización y ahorrándosela al club, y confirmó que rechazó una oferta de Japón por mantenerse en el Córdoba, con el consecuente perjuicio que ello conllevó en ese momento incluso hasta ahora. Delgado, que se definió como autónomo dependiente y se sentía un empleado más, dijo no haber intervenido en las cuentas ni en las grandes decisiones, que situó igualmente en González.

Capítulo aparte fue Salvador Sánchez, agente FIFA, que ofreció la declaración más extensa para reivindicar que su trabajo fue real y rentable para el club: detección de talento, fichajes y, sobre todo, salidas de jugadores que aliviaron la masa salarial, con operaciones sobre futbolistas como Fede Vico, Florin Andone, Ryder Matos o Deivid. Explicó que el dinero que adelantó al club estaba garantizado con las acciones de Ecco Documática, de modo que, de no cobrar, habría podido quedarse con el Córdoba, y reconoció un préstamo personal de 1,12 millones a González, al mismo interés que el de la ciudad deportiva, que acabó en demanda y en un acuerdo para saldarlo. Negó haber pactado nada con González para perjudicar al club.

BDO y el CSD cierran las periciales

Antes de los acusados declararon los dos últimos peritos. El auditor de BDO, Carlos del Corral, autor del informe encargado por LaLiga y el CSD, insistió en que su trabajo se limitó a señalar como auditor los hechos relevantes -el coste “muy alto” de algunas operaciones, la coexistencia de contratos con objetos similares- para que el destinatario los interpretara, y precisó que no empleó el término “irregularidad”. El representante del Consejo Superior de Deportes, su antiguo subdirector de deporte profesional, explicó que el organismo consideró inadecuado el reparto de dividendos por la situación económica del club, pero reconoció que no adoptó ninguna acción para invalidarlo porque “no era nuestra competencia”.

El juicio afronta este miércoles su última sesión, con la prueba documental, los informes de conclusiones de las partes y el derecho a la última palabra de cada uno de los acusados.