Rafael Velasco, el líder socialista que lleva 13 años a la espera de defenderse ante un juez

En octubre del año 2010, Rafael Velasco dimitió de todos sus cargos. Era una joven promesa de la política andaluza. Había llegado a ser el número dos del PSOE andaluz y mano derecha de Manuel Chaves como presidente de la Junta, tras un meteórico ascenso en el que había sido diputado, vicepresidente de la Diputación de Córdoba y portavoz en el Parlamento.

Han pasado más de 13 años desde la dimisión de Velasco, que pasó de ocupar todos los focos mediáticos en Andalucía como la joven promesa que era a desaparecer. Su nombre sonó como el sucesor natural de Chaves, muy por delante entonces de Susana Díaz. Pero una investigación periodística de El Mundo Andalucía, primero, y judicial, después, dio al traste con sus aspiraciones. Desde hace 13 años, Velasco ha defendido siempre su inocencia, pero a estas alturas todavía no ha podido hacerlo delante de un juez. Su caso ha ido sufriendo retraso tras retraso. Hasta ahora, en el que por fin podrá prestar declaración en calidad de investigado. Lo hará el próximo 27 de febrero junto a su mujer, a su hermano, y a antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía.

Velasco está investigado por los delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, el que ocupaba la famosa jueza Alaya en 2010 y que ahora está en manos de José Luis Villaplana. Los hechos se refieren a unas subvenciones recibidas por un “entramado” familiar vinculado a Velasco para impartir cursos de formación. La empresa la gestionaba su mujer, que junto a su hermano daba los cursos que se financiaban con dinero de la Junta de Andalucía. Los cursos se impartieron en Córdoba, pero el caso lo instruyó el Juzgado de la jueza Alaya en Sevilla.

Desde 2010, la instrucción ha ido dando tumbos. Velasco no fue considerado como investigado hasta el año 2014, cuatro después de la publicación de las informaciones. Fue entonces cuando ese juzgado inició la instrucción. Sus abogados intentaron que el caso pasase a Córdoba, algo que no lograron. Pero en el proceso se fueron más años. El caso estuvo sobreseído mientras se decidía si finalmente procedía la inhibición, algo que se estuvo decidiendo desde 2017 hasta 2020. Cuando la Audiencia de Sevilla acordó que no, remitió el caso de nuevo al Juzgado de Instrucción número 6, que lo retomó.

En diciembre del 2021, se reiniciaron las investigaciones y en el verano de 2022 se dio traslado a las partes de su estado. Entonces, se aprobó una prórroga más a la instrucción, que se volvió a ampliar hasta tres veces más. Finalmente, en diciembre del año 2023, se ha dado por culminada la investigación y el juez ha ordenado escuchar a los investigados en sede judicial por vez primera. Y no lo hará antes del mes de febrero. Eso sí, también ha vuelto a aprobar una nueva prórroga de seis meses en la instrucción.

Antes de Velasco, declararán los guardias civiles que lo han investigado y un grupo de testigos. Después, los investigados están citados hasta principios de marzo. Con su testimonio, el juez decidirá qué hacer, si sobreseer el caso o si concluirlo y enviarlo a la Audiencia antes de escuchar a las partes. Pero no concluirá el expediente antes de verano, por lo que el juicio, si se produce, del caso Velasco se irá al menos 14 años después de su dimisión.

Incluso los hechos son mucho más antiguos. Los primeros cursos que impartió la empresa de su esposa son del año 2005, hace 19 años. Los últimos concluyeron en el ejercicio de 2008, hace también 16 años.

La acusación

Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la “presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5”, vinculada a Rafael Velasco.

Así, la citada entidad “habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular”, en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de e 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros.

“Según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (...) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención”, considera el juez, tras atribuir la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.