Le rebajan la pena de prisión por robar 250 litros de gasoil por el retraso del juicio tras la huelga de funcionarios

La Audiencia Provincial de Córdoba ha estimado parcialmente el recurso presentado por un condenado por un delito de robo con fuerza en las cosas, reduciéndole la pena de prisión a la mitad después de valorar que la huelga de funcionarios de 2023 supuso en esta causa una “dilación irrazonable”. Por ello, le ha aplicado una atenuante simple de dilaciones indebidas, rebajando la pena de un año a seis meses de cárcel.

Los hechos probados, que han sido íntegramente aceptados por la Audiencia Provincial, se remontan a noviembre de 2019 en la localidad cordobesa de Baena. Durante la madrugada, el condenado, en compañía de otra persona no identificada y de común acuerdo, se acercó a un camión que se encontraba estacionado. Fracturando el tapón del depósito de combustible, se apropiaron de aproximadamente 250 litros de gasoil, valorados pericialmente en 260 euros ocasionando además desperfectos en el tapón.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba, en julio de 2024, condenó al procesado como autor penalmente responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas, con la atenuante de reparación del daño, a una pena de un año de prisión, dado que ingresó en la cuenta del juzgado la cantidad de 569,11 euros en abril de 2022 para resarcir al perjudicado. Además, se le condenó a indemnizar al propietario del camión con la cantidad de 281,78 euros por los efectos sustraídos y los daños causados.

Tras esta sentencia, la defensa presentó un escrito de apelación desestimando dos de los tres motivos que sostenían que se había vulnerado el principio de presunción de inocencia. Así, la Audiencia argumentó que hay “diversas pruebas practicadas con garantías” que demuestran la autoría de los hechos, como fotografías, el reconocimiento del vehículo del acusado por parte de un agente de la Guardia Civil y su aparición en grabaciones de cámaras de seguridad del lugar del delito.

El motivo que sí ha sido admitido ha sido el relativo a las dilaciones indebidas en el procedimiento. El juicio fue señalado inicialmente para el mayo de 2023, pero fue suspendido debido a la convocatoria de huelga de funcionarios de la Administración de Justicia. Posteriormente, el juicio se volvió a señalar para julio de 2024, fecha en la que finalmente se celebró. Ante ello, la Audiencia Provincial indica que, si bien es comprensible cierta demora por la multiplicidad de señalamientos, la suspensión derivada de la huelga de los empleados públicos prolonga con “una dilación irrazonable” el avance del procedimiento.

Por tanto, esta conclusión lleva a la Audiencia a apreciar la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas, reduciendo la pena a seis meses de prisión.