El juzgado de Montoro recibe 34 denuncias de víctimas y siete de acusaciones particulares por el accidente de Adamuz
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, concretamente su plaza número dos, continúa avanzando en la investigación judicial del accidente ferroviario ocurrido el pasado mes de enero en la localidad cordobesa de Adamuz, un siniestro que provocó la muerte de 46 personas y heridas a 155, tras el descarrilamiento de un tren Iryo que acabó impactando contra un Alvia que circulaba en sentido contrario a su marcha.
Según han confirmado fuentes judiciales, el órgano encargado de la instrucción ha recibido hasta la fecha un total de 34 denuncias presentadas por víctimas del accidente. Estas denuncias constituyen, por el momento, el núcleo principal de las actuaciones penales en marcha.
Además, el procedimiento ha registrado la solicitud de personación de siete acusaciones populares, que han pedido intervenir formalmente en la causa. No obstante, el juzgado aún no ha adoptado una resolución sobre la admisión de dichas personaciones, un paso necesario antes de que puedan participar plenamente en el proceso judicial.
Paralelamente, el tribunal ha abierto 148 diligencias previas derivadas directamente de los partes médicos remitidos al juzgado tras el accidente. Estas actuaciones corresponden a personas que resultaron heridas y cuyos informes sanitarios han sido trasladados a la autoridad judicial para valorar posibles responsabilidades.
A todos los afectados incluidos en estas diligencias se les está realizando el preceptivo ofrecimiento de acciones, un trámite mediante el cual se les informa de su derecho a personarse en el procedimiento, reclamar indemnizaciones o ejercer acciones penales si así lo consideran oportuno.
Investigación en fase inicial
La causa se encuentra todavía en una fase inicial de instrucción, centrada en la recopilación de pruebas, la identificación de posibles responsables y el análisis técnico del siniestro ferroviario. Entre las diligencias pendientes figuran previsiblemente informes periciales, declaraciones de testigos y la evaluación de las condiciones de seguridad existentes en el momento del accidente.
El volumen de denuncias y diligencias abiertas apunta a una investigación compleja que podría prolongarse durante años, dada la necesidad de determinar con precisión las circunstancias que provocaron el choque y las posibles responsabilidades civiles y penales derivadas.
0