El juzgado de cláusulas suelo en Córdoba tiene 5.555 asuntos pendientes

5.555 asuntos pendientes. El Juzgado especial sobre cláusulas suelo en Córdoba (Primera Instancia número 11) ha sido desmantelado este 1 de enero, pero aún tiene pendiente de resolver una enorme cantidad de asuntos. Sus tres magistrados, que funcionaban en exclusiva en este tipo de asuntos, llegaron a resolver 1.667 casos durante el año pasado, un ejercicio en el que le entraron 1.561.

Es decir, con estos números en la mano y aún en el caso de no haber sido disuelto este juzgado dedicado en exclusiva a estos asuntos, algunos fallos no se llegarán a resolver antes del año 2025, un cálculo que coincide con el que realizaron en su día desde el Colegio de Abogados de Córdoba, cuando criticaron con dureza la clausura. El Consejo General del Poder Judicial solo decidió mantener operativos los juzgados especiales en Sevilla, Málaga y en Cádiz.

En su memoria anual, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) vuelve a incidir sobre el asunto. “Por tercer año consecutivo llamamos la atención acerca del número de asuntos registrados, que evidencia que estos litigios responden en demasiadas ocasiones a factores o circunstancias ajenas al ámbito material del conflicto, como el beneficio que proporciona el factor tiempo y que se avienen mal con una actitud deontológica”, lamentan.

“Constatado el fracaso del sistema o procedimiento de reclamación previa introducido por el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, ideado en principio para evitar la litigiosidad, se siguen observando con preocupación determinadas prácticas procesales que aumentan el número de pleitos, dilatan el procedimiento y evitan soluciones consensuadas”, algo que se comenzó a detectar en el año 2018.

Por ello, la Sala de Gobierno del TSJA asegura que “sería importante, sumamente eficiente y operativo, contar con un procedimiento administrativo previo de reclamación”. “Estaremos muy atentos a la evolución del anteproyecto de ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que resolverá las reclamaciones de los usuarios no satisfechos contra bancos, firmas de inversión y aseguradoras, entre otras entidades, y cuyas resoluciones o dictámenes serán vinculantes y de obligado cumplimiento para dichas entidades (no para los clientes) siempre que la cuantía de la reclamación sea inferior a 20.000 euros”, exponen.

Esta norma creará un servicio de reclamaciones que “podrá sancionar a las entidades financieras que incumplan las resoluciones”, confían los jueces.

Aumenta la litigiosidad tras la pandemia

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha recuperado, durante el año 2021, los niveles de litigiosidad previos a la pandemia, con el ingreso de un 12 por ciento más de asuntos que en 2020. Los tribunales andaluces ingresaron 1.203.452 asuntos frente  a los 1.078.773 del pasado año, lo que revela que ha subido el nivel total de litigiosidad un 12%, aumentando en casi todos los órdenes jurisdiccionales.

Andalucía vuelve a estar en los niveles más altos de litigiosidad de España. Así, presenta una tasa de litigiosidad superior en un 8% a la media estatal: si en el conjunto del Estado ha sido de 132,3 asuntos por cada 1.000 habitantes durante 2021, en el ámbito del TSJA dicha tasa es de 144,1 asuntos, la segunda más alta de España.

Aumentan los asuntos ingresados

Durante 2021 subieron los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones, excepto en la contencioso administrativa. La jurisdicción penal ingresó un 13% más de asuntos que en el año 2020 y su cifra final supone el 23% del total de asuntos ingresados a nivel nacional, lo que   sitúa a Andalucía en el segundo lugar de litigiosidad en esta jurisdicción.

La jurisdicción social ingresó un 10% más de asuntos que el año anterior y la jurisdicción contenciosa continuó con el descenso del año anterior, con un 3% menos, rompiendo la tendencia al alza tan inusual del año 2019, donde se produjo un desmesurado ingreso de asuntos en materia de extranjería.

Por su parte, la jurisdicción civil ingresó un 3% más, siguiendo la tendencia al alza desde el incremento de 2017, que obedecía, sin duda, a la litigiosidad derivada de las llamadas “cláusulas suelo”. En este sentido, nuestro territorio judicial asume más del 16% del registro a nivel nacional de este tipo de condiciones generales de contratación bancaria (Andalucía registró 18.573 asuntos y a nivel nacional 116.342 asuntos).

Se mantiene la delicada situación generada en esta materia, de forma que también la estadística ha subido en Andalucía con respecto al año pasado y se ha ingresado un 22% más de este tipo de asuntos; en concreto un total de 18.573 procedimientos durante 2021, con la siguiente distribución por provincias: Almería (1.809), Cádiz (3.858), Córdoba (1.561), Granada (1.725), Huelva (1.158), Jaén (1.649), Málaga (3.202) y Sevilla (3.611).

Resolución elevada

También aumentaron de forma significativa los asuntos resueltos, por lo que los órganos judiciales del territorio resuelven la totalidad de los asuntos ingresados anualmente y mantienen, en general, un nivel alto de laboriosidad.

Durante 2021 los órganos judiciales resolvieron 1.239.820 asuntos, un 20% más en relación con el año anterior, quedando pendientes al final del año un total de 625.681 asuntos. Esto supone un descenso del 4% respecto a los que quedaron en trámite al final de 2020.

Pese a ello, la carga total de trabajo, es decir los asuntos registrados más los pendientes, siempre es superior a los asuntos que se resuelven, lo que impide una valoración final satisfactoria ante la patente dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.

Así, indica la memoria que es difícil, por no decir imposible, acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y defectuoso sistema organizativo. Para avanzar en la normalización de los tribunales, generalizar un rendimiento óptimo de la justicia y una reducción de la bolsa de asuntos pendientes, será imprescindible contar con nuevas plazas judiciales y mejorar los planes de refuerzo, sin olvidar la mejor optimización de ciertos órganos y recursos personales.

Sobrecarga de los Juzgados

También recoge la Memoria los problemas derivados de la gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, que no acude a métodos de resolución alternativos, lo que origina una sobreutilización del proceso y sobrecarga innecesaria en los Juzgados. Por ello, se reivindica la implantación de mecanismos de mediación para la solución de conflictos. Y se apuesta por una mejora sustancial de las herramientas procesales, simplificando los procesos y sus fases y, sobre todo, implantando soluciones que eviten un uso indebido del proceso, normalmente para dilatar en el tiempo una respuesta judicial definitiva.

Por este motivo, debe materializarse con urgencia el proyecto de ley de Eficiencia Procesal, que introduce los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y reforma las leyes procesales en aras a reducir la litigiosidad, impulsando un servicio público de Justicia sostenible, así como dotar de mayor agilidad la tramitación de los procedimientos judiciales.

De esta forma, se establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles, que exige haber intentado una solución consensuada con carácter previo a la interposición de la demanda.

Modernización de la Justicia

Las cifras recogidas en la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2021 no reflejan una realidad de la justicia en Andalucía diferente a la apreciada en las Memorias de los últimos años y evidencian, de nuevo, conclusiones similares sobre tasa de litigiosidad muy significativa, lo que lastra la reducción de la excesiva pendencia de asuntos existente en nuestros Juzgados y Tribunales, pese a que la tasa de resolución de asuntos consigue prácticamente absorber los de nuevo ingreso durante estos últimos años.

Por este motivo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, apela “a la responsabilidad de los encargados de la gestión política, que ostentan la competencia y tienen la capacidad para invertir esta situación, pues nosotros cumplimos con la nuestra poniendo de manifiesto esas necesidades y ofreciendo soluciones que entendemos adecuadas para satisfacerlas”.

La falta de modernización del poder judicial, las deficiencias llamativas denunciadas año tras año, así como la necesidad de replantear la organización de la oficina judicial y sus recursos personales son reivindicaciones planteadas hace más de una década.

En este sentido, el presidente del TSJA señala que los diversos indicadores que elabora la Comisión Europea, alertan sobre nuestro defectuoso sistema organizativo y de distribución de la carga de trabajo, anclado en formas del siglo XIX. Así, “todos los análisis detectan problemas de institucionalidad y gobernanza, siendo necesario modificar radicalmente su organización para adaptarla a las nuevas realidades y conflictos, al tiempo que perfeccionar la gestión de los medios personales y materiales, mejorando los mecanismos e instrumentos de evaluación y rendición de cuentas ante la sociedad”.

Por ello, apuesta por el llamado “Plan Justicia 2030” que quiere modernizar y transformar la Administración de Justicia en España en torno a tres ejes de actuación: organizativo, procesal y tecnológico. Y por el proyecto de ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que supondría contar con medidas de agilización, tecnológicas y de medios alternativos de solución de conflictos.

“El problema es acuciante y el tiempo pasa a una velocidad de vértigo”, apostilla, por lo que “las fuerzas políticas deben ser conscientes de su necesidad e importancia en nuestro ámbito de justicia”.