Los abogados rechazan el cierre del juzgado de cláusulas suelo que tiene 5.600 asuntos pendientes

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba, en sesión celebrada el pasado 12 de enero, acordó manifestar públicamente su rechazo al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que pone fin al plan de especialización en materia de cláusulas abusivas en la provincia de Córdoba, y que supone el cese del Juzgado de Primera Instancia número 11 como órgano con competencia exclusiva para tramitar y resolver estos procedimientos.

La Abogacía de Córdoba considera una decisión muy desacertada el cese de la competencia exclusiva del Juzgado de Córdoba bajo el argumento de una evolución positiva en lo que respecta al número de asuntos pendientes y a su capacidad de resolución. De hecho, el Juzgado de 1ª Instancia nº 11, antiguo 9 bis de Córdoba, acumula en enero de 2022, una pendencia de más de 5.700 asuntos, que necesariamente deberá tramitar por haber sido ingresados antes del cese de su competencia exclusiva el pasado 1 de enero de 2022.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba alerta de que la decisión del cese de competencia exclusiva de este órgano contribuirá a ralentizar la tramitación y resolución de estos procesos, provocando aún mayores dilaciones en el tiempo de respuesta judicial y graves perjuicios para la ciudadanía reclamante.

Actualmente la fecha prevista para nuevos señalamientos en el Juzgado de Primera Instancia nº 11 es, como mínimo, para abril de 2025; lo que supondrá un perjuicio para los asuntos civiles ordinarios que ingresen por reparto en este juzgado, y requieran de juicio, vista o tramitación de algún incidente procesal. Ello a pesar de que el juzgado celebra audiencias y juicios cuatro días a la semana, lunes, miércoles, jueves y viernes, hasta la referida fecha de 2025.

Por otro lado, la Junta de Gobierno sostiene que la distribución de los asuntos de condiciones generales de contratación bancaria entre el resto de juzgados de 1ª Instancia de Córdoba y provincia, podría provocar nuevas disfunciones procesales en perjuicio de los ciudadanos reclamantes, como es la disparidad de criterios a la hora de resolver la materia, dado que actualmente el juzgado único unifica resoluciones, contribuyendo a una mayor celeridad en la resolución de asuntos de esta materia tan especifica.

A todo ello se suma el hecho de que los juicios señalados ya para el año 2025, siendo procedimientos muy anteriores, van a tener una respuesta años después a los procedimientos que ingresen en este año 2022 y siguientes, que lo harán en juzgados menos saturados a raíz de la nueva competencia general. Ello provocará una disparidad en el tiempo de respuesta según la carga de trabajo de los distintos juzgados de 1ª instancia ahora competentes para resolver sin exclusividad, según los distintos partidos judiciales de la provincia.