Una jueza investiga un contrato millonario para la gestión de las ambulancias en Córdoba

Imagen de una ambulancia.

Desde el mes de agosto del 2021, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba lleva a cabo unas diligencias de investigación sobre uno de los grandes contratos que ha licitado y adjudicado la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, el servicio del transporte sanitario. El importe del contrato es de unos 60 millones de euros y ha sido adjudicado a las entidades SSGA (Servicios Sociosanitarios Generales de Andalucía) junto a Ambulancias M. Pasquau SL.

El origen de la investigación está en la denuncia interpuesta por la mayoría de las empresas que forman el llamado Consorcio de Transporte Terrestre Sanitario de Córdoba (CTSC) contra el propio gerente de esta entidad. Las empresas (Ambulancias Córdoba, Ambulancias Los Pedroches, Ambulancias Alto Guadalquivir, Talancor, Cooperativa Andaluza de Ambulancias de Córdoba) le acusan de “administración desleal” y de “actuar en connivencia con los gerentes de las empresas competidoras”, que finalmente son las que se han llevado el contrato. Por ello, se le acusa en la denuncia de “un posible delito de corrupción entre particulares”. La jueza lo ha citado a declarar en calidad de investigado, además de a los responsables de las dos empresas que han ganado el concurso..

La concesión del servicio del transporte sanitario cordobés se ha licitado mediante concurso promovido por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía durante el 2021. Al concurso se presentó el Consorcio de Transporte Terrestre Sanitario de Córdoba. Finalmente, fue adjudicado a las entidades SSGA y Ambulancias Pasquau. Estas entidades tienen que comenzar a prestar un servicio clave para el funcionamiento del sistema sanitario cordobés a partir del próximo 1 de marzo.

No obstante, varias de las empresas que forman parte del Consorcio han ampliado la denuncia y han reclamado a la jueza que paralice la contratación. También se han dirigido a la mesa de contratación de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba, que fue la que adjudicó el servicio.

Así, y según ha podido saber este periódico, parte de estas empresas han contratado los servicios de un detective privado para corroborar que los licitadores de este servicio no dispondrían, presuntamente, de las instalaciones necesarias para comenzar a trabajar a partir del 1 de marzo. El informe ha sido remitido al Juzgado que instruye las correspondientes diligencias.

El trabajo de campo del detective privado se llevó a cabo entre los días 27 y 28 de enero. Este profesional acudió esos días a los lugares que las empresas ganadoras del servicio señalaron como sus centros de trabajo. En esos lugares es donde se tienen que aparcar y resguardar las ambulancias, que además deben contar con todo lo necesario para la prestación del servicio y la atención de los trabajadores. En concreto, se propusieron a la mesa de contratación naves industriales en la propia sede de una de las empresas que se han quedado fuera (Ambulancias Córdoba, en la carretera del Aeropuerto), en La Torrecilla, en la calle Ingeniero Barbudo, en Cabra, Pozoblanco, Montilla, Puente Genil, Palma del Río y Peñarroya-Pueblonuevo.

Una nave está alquilada por la Diputación

En el contrato, es clave la “plena disponibilidad” de las instalaciones para prestar el servicio. Las ambulancias deben estar cerca de hospitales, enfermos y las principales vías de comunicación, pues es obvio que deben poder acudir con celeridad cuando sean requeridas.

La investigación ha comprobado dos casos extremos. El primero es que las adjudicatarias propusieron la actual sede de Ambulancias Córdoba. Según esta empresa, el gerente del Consorcio denunciado, siempre presuntamente, habría sido el que “a espaldas del consejo de administración y sin conocimiento de la sociedad cedió licencia, nave, sede social e instalaciones a SSGA y Ambulancias Pasquau.

El segundo se da en la nave industrial propuesta en Peñarroya-Pueblonuevo. Según el informe del detective privado, hace dos años la empresa SSGA habría, presuntamente, contactado con el dueño de la nave y se realizó “un precontrato que nunca llegó a ser efectivo”. Actualmente, esa nave no se podría usar. Desde hace un año está alquilada a la Empresa Provincial de Medio Ambiente (Epremasa), dependiente de la Diputación de Córdoba. Es decir, no se podría usar ahora para otro servicio diferente.

El informe del detective privado concluye que los licitadores contactaron con los propietarios de las naves industriales propuestas y que en algunos casos firmaron precontratos que nunca se convirtieron en definitivos. El objetivo, aseguran, era “aparentar una infraestructura logística” y poder presentarse al concurso.

Con esta documentación se ha ampliado la denuncia inicial. Y se ha remitido un escrito a la Mesa de Contratación solicitando una “verificación” por su parte de los nuevos hechos planteados y descubiertos por el detective privado. Así, reclaman a los técnicos que comprueben “la realidad física” de las naves industriales y el “cumplimiento” con “los requisitos técnicos ofertados, de forma que, en caso de que no se cumplan, acuerden la no suscripción del contrato de prestación de servicio público” de estas compañías.

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