La Fiscalía investiga a los propietarios de cuatro parcelas en Sierra Morena que considera ilegales

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha presentado una querella contra dos personas y ha iniciado actuaciones preprocesales contra los propietarios de cuatro parcelas que considera ilegales, según consta en el decreto, firmado el pasado 1 de octubre, y al que ha tenido acceso este periódico.

Esta investigación llega tras la denuncia de la Federación Provincial de Ecologistas en Acción en Córdoba, que acudió tanto a la Fiscalía como a la Junta de Andalucía a poner en conocimiento “lo que parece una parcelación incipiente en Sierra Morena”. Los ecologistas detectaron una superficie de unas 12 hectáreas de dehesa y bosque mediterráneo en la que supuestamente se está desarrollando una urbanización irregular, en el término municipal de Almodóvar del Río.

Según la denuncia, “en la inspección realizada a pie por el área afectada se ha podido apreciar accesos acondicionados con gravilla o asfaltados a la carretera de Villalobillos o Camino de los Toros, carriles, explanadas, habitáculos de obra para confinar a perros utilizados como medios auxiliares para la actividad cinegética, restos de arboleda y matorral talado o arrancado, edificaciones prefabricadas, alambradas de separación de lindes, etcétera”. Los ecologistas señalan que estas suelen ser actuaciones “que integran habitualmente, todo proceso de intrusión urbanística de carácter presuntamente ilegal”.

“Como en similares procesos observados especialmente en la Sierra de Córdoba (Córdoba) durante décadas, el patrón siempre es el mismo. Una finca o una parte segregada de la finca matriz como es en este caso particular, se subdivide de forma aleatoria, siempre respondiendo a los intereses de los parcelistas o nuevos propietarios, para iniciar de inmediato la alteración y modificación de la realidad existente (en este caso concreto, dehesa con manchas de monte mediterráneo con una buena cobertura)”, relata el colectivo.

Tras analizar la denuncia de los ecologistas e iniciar la correspondiente investigación, la Fiscalía Provincial ha concluido que al menos dos personas son las que habrían cometido un delito contra la ordenación del territorio. La querella ha sido interpuesta en el Juzgado de Posadas, que es el competente. Ahora, el magistrado será el que decida qué hacer con la querella, si ampliar o no la investigación, y si encargar el caso a la Guardia Civil.

El ministerio fiscal considera que hay indicios suficientes como para acusar a dos personas de haber construido una casa, de una superficie de 148 metros cuadrados con tejado a dos aguas, sobre una parcela no urbanizable, en suelo además de especial protección. La Fiscalía asegura que las obras se han desarrollado sin licencia y que de todas formas era imposible según el ordenamiento que la recibieran. Ante ello, destaca que habría que iniciar un procedimiento judicial en el que se restaurase la legalidad en la zona. O lo que es lo mismo, en la demolición de lo construido.

Aparte, se ha observado cómo la “parcelación incipiente” denunciada por los ecologistas se ha dividido en cuatro. Tras una investigación inicial se han identificado a los propietarios de esos cuatro suelos y una cierta “actividad constructiva”. Por eso, se decide iniciar actuaciones preprocesales contra los dueños de las viviendas.

Cerca de la finca La Porrada

La carretera de Villalobillos o Camino de los Toros es un acceso a Sierra Morena, a través de varias fincas dedicadas tradicionalmente a la ganadería de reses bravas y a la cinegética. El camino muere en La Porrada, una finca que fue propiedad de Rafael Gómez, alias Sandokán, y que da acceso también por distintos cordeles, senderos y veredas a Trassierra.

Año a año, en su memoria, la Fiscalía Provincial de Córdoba advierte a los ayuntamientos de la proliferación de las parcelaciones irregulares, en un crecimiento exponencial del urbanismo irregular. De hecho, los fiscales especializados instan a los ayuntamientos a actuar con rapidez, para evitar futuras causas en el futuro que pueden ser muy complicadas.

Estos delitos contra la ordenación del territorio tienen una fuerte presencia en la Fiscalía. Los Juzgados de lo Penal siguen condenando estas conductas y aceptando, como regla general, las demoliciones. De hecho, la suspensión de la pena suele estar supeditada al cumplimiento efectivo de la demolición.