Errores de la Guardia Civil hacen tambalear la acusación de blanqueo en el juicio a la red del hachís oculto en falsos tomates

Lo que se perfilaba como el pilar económico para sostener la acusación de blanqueo de capitales contra los supuestos cabecillas de la red de las 20 toneladas de hachís ocultas en falsos tomates ha quedado desvirtuado este jueves en la Audiencia Provincial de Córdoba. En el marco del juicio contra este entramado, la prueba pericial de la Guardia Civil sobre las dos empresas supuestamente utilizadas como pantalla ha quedado muy en entredicho tras destaparse graves errores contables relativos a una empresa en cuestión: la que está directamente relacionada con los tres supuestos líderes de la red.

La sesión, centrada en la toma de declaración a los dos guardias civiles del Equipo de Delitos Económicos de la Comandancia de Córdoba, ha derivado en un enfrentamiento dialéctico constante con las defensas que se ha prolongado durante más de una hora y media. La tensión ha alcanzado tal nivel que el juez se ha visto obligado a intervenir en varias ocasiones para aplacar el tono del interrogatorio, advirtiendo a las partes de que la vista no era “un juego entre peritos o ver quién sabe más”, sino un interrogatorio formal dentro de una causa penal.

El análisis financiero del Instituto Armado se centró exclusivamente en dos sociedades mercantiles para intentar probar el supuesto blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico. Hay que recordar que la causa se inició con una investigación de la Policía Judicial de Córdoba y afectaba directamente a una organización asentada en la capital dedicada a la adquisición e introducción de hachís desde el norte de África. La red lo almacenaba y, tras ello, lo distribuía por Francia. En esta actividad delictiva, la Guardia Civil detectó dos empresas que habrían servido para blanquear el dinero conseguido con la droga.

Sin embargo, y pese a que las actuaciones policiales constataron la existencia de esa red -a quien se le aprehendió 20 toneladas de hachís ocultas en tomates-, la sesión de este jueves ha sembrado serias dudas de que una en concreto -dedicada al vinilado de vehículos- se hubiera usado para tal fin. La segunda analizada se habría utilizado como empresa pantalla de la organización para dar cobertura al transporte de la droga y para el arrendamiento de naves industriales usadas como puntos de almacenamiento del hachís. Los dos acusados que aparecen como administrador y testaferro de la entidad reconocieron los hechos el primer día de juicio.

La tesis de la Guardia Civil sobre la primera empresa -donde la Fiscalía situaba inicialmente un descuadre cercano a los 180.000 euros- ha comenzado a desmoronarse durante el interrogatorio ejercido por la letrada de la acusada M.D.F.P., administradora de la empresa. La defensa ha puesto sobre la mesa que los instructores han ignorado en su informe el saldo bancario con el que la sociedad inició 2022. Cuestionados por el juez sobre por qué en el análisis de otra sociedad de la causa sí se había computado el saldo de tesorería inicial y en el caso de ésta se había omitido, los agentes de la Guardia Civil han admitido la existencia de ese “error”, aunque se han mostrado incapaces de explicar la disparidad de estos criterios.

Ante esto, el fiscal ha tenido que intervenir en el plenario para recalcular a cuánto ascendería el blanqueo de capitales, cuestión clave para sustentar la acusación. En este momento, los agentes han echado cuentas de nuevo, reduciendo la cuantía de los 188.000 euros iniciales a 126.000 euros. Sin embargo, tampoco sería así. Un perito de la defensa, presente durante toda la declaración de los guardias civiles, ha desglosado los balances de la empresa, siendo “la diferencia entre ingresos y gastos igual a cero. La inyección de capital de procedencia desconocida no se desprende de ningún lugar, sino que es un fallo aritmético”, ha concluido.

Asimismo, el perito ha echado por tierra la sospecha sobre 4.460 euros en efectivo atribuidos por la investigación a posibles inyecciones del narcotráfico, aportando las facturas correlativas emitidas a clientes entre enero y febrero de 2023 que justificarían el cobro de dicho importe en metálico. Esa documentación, entre otra, no consta en el informe de la Guardia Civil. En consecuencia, para el perito, esta empresa “era la antítesis del blanqueo”, definiéndola como una pequeña empresa que “más que ganar, simplemente subsistía”. A ello se ha sumado el dato de que la Agencia Tributaria no ha incoado sanción ni expediente alguno contra esta empresa.

Los tres principales acusados niegan los hechos

La sesión también ha acogido las declaraciones de los tres acusados que se han negado a cualquier acuerdo: A.G.P, Rambito, acusado de haber liderado la organización criminal desde una posición piramidal e impartido órdenes directas; su pareja, M.D.F.P., acusada de haber dirigido la rama empresarial y el blanqueo de capitales a través de la mercantil protagonista de la sesión de este jueves; y R.P.S., coadministrador de dicha sociedad y sobrino de Rambito. Rambito se ha limitado a despachar su declaración con un “no he cometido ningún delito de tráfico de drogas ni he blanqueado”. Cuestionado por los balizamientos por GPS de la Policía que situaban de forma reiterada vehículos de la red en las inmediaciones de su domicilio, Rambito lo ha justificado en que “toda la urbanización aparca” en su calle porque está cerca de “un supermercado, una farmacia y bares”. Asimismo, ha asegurado que “nunca” se ha subido a un BMW, tal y como habría quedado demostrado en los seguimientos policiales.

Pro su parte, M.D.F.P. ha querido quitarse el rol de liderazgo que le atribuyen los investigadores asegurando que “nunca” ha dado instrucciones a nadie. Además, ha justificado la creación de la empresa porque “desde pequeña” le han gustado los coches. Sin embargo, al ser confrontada en relación con la contratación de la carretilla para la logística de la droga, la procesada ha echado balones fuera asegurando que se enteró de esta cuestión cuando la Policía Nacional la citó en comisaría y que “iba a ser detenida”. Según su versión, tras quedar en libertad llamó a R.P. y este se justificó diciendo que le había hecho un “favor” a un tercero, que se trata de uno de los procesados que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía.

En su turno de declaración, R.P. ha rechazado cualquier implicación en los hechos, aunque sí ha reconocido que usó la empresa para el alquiler de la carretilla para hacer un “favor”. “Si me imagino que es para lo que fue, no lo habría hecho”, ha asegurado.

Tras esta sesión, la Sección Tercera de la Audiencia afrontará este viernes la cuarta y última del juicio en la que las protagonistas serán, sin duda, las conclusiones definitivas que eleve la Fiscalía.