Confirmada la orden de demolición de una casa ilegal en Montemayor que empezó a construirse hace 20 años

Casi 20 años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la orden de demolición dictada por la Junta de Andalucía sobre una edificación ilegal construida en Montemayor (Córdoba). El fallo desestima así el recurso interpuesto por los propietarios, quienes alegaban que la potestad de la administración autonómica para restaurar el orden urbanístico había caducado debido a la antigüedad de la construcción.

La edificación, compuesta por una vivienda y un anexo, comenzó a levantarse entre los años 2006 y 2007. Según el recurso de los propietarios, ya se habrái superado con creces el plazo de seis años que establece la ley para que la Administración pueda ordenar su demolición. Para apoyar su tesis, presentaron un auto de un juzgado de Montilla que archivaba una causa penal previa por delito contra la ordenación del territorio al considerar que el delito había prescrito.

Sin embargo, el tribunal ha recordado que la vía administrativa y la penal son independientes. Según las pruebas fotográficas y las inspecciones, la obra se encuentra paralizada, pero no terminada, ya que los paramentos de ladrillo están sin revestir y carece de ventanas. La ley andaluza establece que el plazo de seis años solo empieza a contar desde la “completa terminación” de la obra, algo que no ha ocurrido en este caso.

Por tanto, dado que la construcción no está finalizada, no puede acogerse a la figura de “asimilado a fuera de ordenación”, situación reservada únicamente para edificaciones irregulares terminadas sobre las que ya no se pueden tomar medidas por el paso del tiempo.

Además, el tribunal ha rechazado que el procedimiento administrativo haya caducado, confirmando que la Junta de Andalucía notificó la resolución dentro del plazo legal de un año desde que se inició el expediente en febrero de 2021.

Como consecuencia de la desestimación total del recurso, los demandantes han sido condenados al pago de las costas procesales, fijadas en un máximo de 1.500 euros más IVA, y la orden de demolición ha sido ratificada.