Acusan al presidente de Adicae de lograr subvenciones en Córdoba falseando datos de socios

El presidente y fundador de la asociación de usuarios de banca Adicae, Manuel Pardos Vicente, ha sido citado para declarar en calidad de investigado por la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, que desde 2019 tiene abierta una causa por presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental. Según ha informado Facua a través de una nota de prensa, está acusado también de falsear datos de socios en Córdoba para lograr subvenciones.

Tanto Pardos como el exsecretario general de la entidad, Fernando Herrero Sáez de Eguilaz -que actualmente figura como vocal de su Junta Directiva-, están citados para declarar el próximo jueves 25 de marzo junto a otros tres investigados, según ha dado a conocer este lunes Diario de Sevilla y la Cadena SER. Otro de ellos es Borja Martín Ordás, quien según su perfil en LinkedIn fue coordinador de Adicae en Andalucía desde mayo de 2013 hasta septiembre de 2019 y se dedicaba, entre otras cuestiones, a la “gestión de subvenciones”.

Según un informe llevado a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por orden del Juzgado, Adicae logró acceder “de forma fraudulenta” a cerca de 700.000 euros en subvenciones entre 2015 y 2018 aportando a las autoridades de consumo de la Junta de Andalucía datos relativos a su número de asociados que llegaron a cuadruplicar las cifras reales. En su informe, fechado el 4 de febrero de 2020, la UDEF apunta como responsables al presidente y el secretario general de Adicae a nivel nacional, Manuel Pardos y Fernando Herrero.

Según la investigación, la organización obtuvo fraudulentamente 693.519,72 euros en cuatro años de tres líneas de subvenciones de la Junta al “contabilizar socios que nunca han sido asociados de Adicae con el fin de recibir e inflar al máximo las subvenciones”. Se trata del 94% del dinero público que recibió de la Dirección General de Consumo andaluza entre 2015 y 2018.

La Dirección General de Consumo, adscrita en esta legislatura a la Consejería de Salud y Familias, tiene tres líneas de subvenciones dirigidas a las organizaciones inscritas en el registro andaluz de organizaciones de consumidores. La primera está destinada a asociaciones de ámbito provincial y para acceder a ellas requiere que a la finalización del ejercicio anterior tuviesen al menos 600 socios al corriente de pago de sus cuotas. La segunda, para federaciones a nivel autonómico, implica que deben contar con un mínimo de 6.000 socios. La tercera, también para las federaciones, está condicionada a justificar no menos de 10.000 asociados.

Trece subvenciones

Según la investigación de la UDEF, las subvenciones obtenidas de manera “fraudulenta” fueron, por un lado, las siete recibidas por Adicae Andalucía en 2015, 2016, 2017 y 2018, correspondientes a las dos líneas dirigidas a federaciones de ámbito autonómico. Y ello al haber declarado más de 13.000 asociados -hasta 13.969 en 2015- cuando el “total de socios presuntamente reales” osciló entre 3.665 el primer año y 4.652 el último.

En cuanto a las ayudas públicas dirigidas a asociaciones provinciales, la Policía Nacional concluye que hubo fraude en las recibidas en Almería y Córdoba tanto en 2016 como en 2018, en la de Granada de 2016 y la de Jaén de 2018. En el caso de Adicae Córdoba, en 2016 llegó a declarar 1.056 socios cuando a juicio de los agentes de la UDEF sólo tenía 245.

Devoluciones de subvenciones en Andalucía, La Rioja y Navarra

Más allá de los presuntos delitos objeto de investigación judicial, Adicae ha tenido que devolver a la Junta de Andalucía 202.542 euros de subvenciones recibidas entre 2015 y 2018 por irregularidades al justificar los gastos (ver documento). La Dirección General de Consumo las detectó en la justificación de once ayudas públicas otorgadas a federación andaluza y sus asociaciones provinciales en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla.

Por su parte, los gobiernos de La Rioja y Navarra expulsaron el año pasado a Adicae de sus registros autonómicos de asociaciones de consumidores. El Gobierno riojano le reclama que devuelva las subvenciones recibidas durante cuatro años, que ascienden a unos 15.000 euros. Según publicó el diario La Rioja el pasado octubre, Adicae solicitaba ayudas públicas pese a que su Junta Directiva en la comunidad se había disuelto. En Navarra, la expulsión se produjo en julio, tras cinco años sin que la asociación le presentase sus cuentas.

Cerca de 30 condenas por abusos laborales

Fundada en 1988, Adicae acumula en los últimos años cerca de una treintena de condenas judiciales por abusos laborales. El pasado septiembre trascendió una sentencia contra el vicesecretario nacional de la entidad, Antonio Pulido, por coacciones a una trabajadora en Cáceres.

Por otro lado, en octubre el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social abrió a Adicae varias actas de infracción ante la comisión de infracciones graves en sus sedes en Cantabria, Murcia y Navarra, algunas de ellas vinculadas a la contratación con fondos públicos de personal que desarrollaba tareas distintas a las que eran objeto de las subvenciones.