El Sindicato Médico ve un “error” recurrir a la teleconsulta para paliar la demora actual en los centros de salud

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha pedido al Gobierno andaluz que regule la teleconsulta en Atención Primaria “antes de aplicarla” tras el anuncio “confuso” de la consejera de Salud, Catalina García, de que se iniciaría este formato a finales de este año o a principios del que viene, y ha señalado que “recurrir” a la consulta telefónica para paliar “la excesiva demora” de las consultas presenciales es “un error”.

En un comunicado, el sindicato ha mostrado su malestar por “no haber sido informado como representantes de los trabajadores” sobre esta iniciativa y ha apuntao que “tampoco se han dado instrucciones a los facultativos que deberán aplicarla”.

Ante este plantemianto, al sindicato le surgen dudas sobre su implantación, como es si las consultas por videollamadas entrarán a formar parte de las agendas de Atención Primaria o se centralizarán en un centro de atención, o si está garantizado el derecho a la protección de la imagen de los profesionales.

En este punto, detalla que este formato de consulta permitirá que el médico sea grabado durante su ejercicio profesional y su imagen difundida por redes sociales, algo que recuerda sería ilegal.

También pregunta sobre qué regulación aplicará el SAS al uso de esta herramienta en Atención Primaria. El SMA reclama desde hace años una regulación que ofrezca garantías a médicos y pacientes en materia jurídica, deontológica y, por supuesto, clínica.

“La teleconsulta plantea retos que deben ser resueltos por la Administración antes de su implantación, tales como la cobertura de la responsabilidad civil, la garantía de que el acto médico se ajuste a las exigencias deontológicas y la definición de criterios que delimiten claramente qué tipo de consultas pueden, o no, ser atendidas por medio de esta modalidad”, ha precisado.

De igual manera pregunta sobre si los médicos estarán obligados a atender cualquier consulta que se les asigne por esta vía, “con independencia de que ellos consideren que es necesario realizar una consulta presencial”. “¿Podrán los médicos declararse objetores de conciencia frente a este tipo de acto médico cuando consideren que no les permite completar la valoración adecuada del paciente?”, ha insistido.

De esta manera, el SMA no comparte el mensaje que con el anuncio de esta medida se transmite a la población. “Se presenta como un avance la posibilidad de ser atendido mediante teleconsulta cuando existan retrasos en la consulta presencial”, ha apuntado.

“Consultas como, por ejemplo, la comunicación de unos resultados normales de una analítica, pueden ser telefónicas aunque no existan retrasos en la consulta presencial. Sin embargo, la valoración de una disnea o un dolor abdominal requerirán una atención presencial con independencia de que existan retrasos”, ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que “recurrir” a la consulta telefónica para paliar “la excesiva demora de las consultas presenciales nos parece un error”. La teleconsulta puede ocupar un lugar relevante en la racionalización de las agendas de los facultativos, pero “requiere una regulación que garantice la seguridad clínica y jurídica de médicos y pacientes” y ahoda en que “esta medida no va a solucionar el problema de déficit de médicos en Atención Primaria, al que ofrece una respuesta inadecuada”.