Multan a 45 personas en Córdoba por tener empleadas del hogar de manera irregular

El Gobierno ha dado a conocer al senador Carles Mulet un resumen del resultado de la inspección del grado de cumplimiento de la legislación laboral en las relaciones laborales de carácter especial del servicio del hogar familiar. En él se constata que una de cada seis denuncias recibidas a través del Buzón de Denuncias del Fraude desde 2020 acabó en infracción, según ha informado esta organización política a través de un comunicado.

En Córdoba, el Gobierno reconoce que ha impuesto un total de 45 multas a personas que tenían empleadas de hogar sin regularizar. El importe de las sanciones no es descomunal: algo más de 13.000 euros. Pero sí que obliga a tener que contratar a estas empleadas de hogar y ponerse al día con la Seguridad Social.

El informe señala que estas 45 sanciones se han impuesto después de girar un total de 72 actuaciones y 34 visitas, según los datos del Gobierno. Además, se han realizado tres requerimientos, según consta en la respuesta parlamentaria. 

Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, en marzo se contabilizaron 378.466 personas afiliadas en el Sistema Especial de Empleadas de hogar; una cifra que los sindicatos elevan en 200.000 personas más, que son las que trabajan sin ningún reconocimiento, y, por lo tanto, de manera sumergida. Además, se trata de un colectivo muy dependiente del salario mínimo interprofesional, según Trabajo, y con una enorme presencia de trabajadoras inmigrantes, recuerdan desde Compromís.

El representante de Compromís ha señalado que “es una buena noticia la firma del convenio 189 de la OIT, que este buzón registre desde 2020, un total de 6.690 denuncias. Una cifra que, aunque modesta, nos indica el número de personas afectadas por fraude laboral que debe existir en la actualidad y que, en muchos casos, sufre de abusos y desprotección en su lugar de trabajo, por lo que vemos urgente reforzar la protección de este colectivo”.

 Para el senador, y así lo están argumentando organizaciones como Cáritas, que “no todo vale en el mundo del empleo”, por lo que es urgente garantizar empleo estable y decente. “Para llevar una vida digna, las personas más vulnerables tienen que poder sobrevivir con sus sueldos y esto implica cumplir con los salarios mínimos, garantizar unas adecuadas condiciones de trabajo”, ha agregado Mulet. Así el portavoz valencianista ha alentado a la Administración a seguir con nuevas campañas de envío de cartas, recordando las obligaciones y necesidad de adaptarse a salarios dignos y aumentar las inspecciones allí donde tenga conocimiento de posibles abusos.

“Si han aflorado decenas de miles de regularizaciones, podemos asegurar que probablemente son cientos de miles las personas afectadas, mayoritariamente mujeres. Cualquier inspección, campaña, cambio normativo que garantice una efectiva acción de la Administración, un mayor número de inspectores, aumentar la facilidad en las denuncias anónimas y otros avances en los métodos de investigación, redundará en la mejora de las condiciones de estas personas”, ha remarcado.