La Fiscalía alerta de más denuncias contra ayuntamientos de Córdoba por gestión económica y contratos públicos

La memoria de la Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla de 2025 pero correspondiente al ejercicio 2024 ha salido a la luz y pone el foco, entre otras cosas, a un creciente número de denuncias relacionadas con la gestión económica de los Ayuntamientos cordobeses, especialmente en el ámbito de la contratación pública. El informe señala que, aunque no ha habido un aumento cuantitativo en el total de diligencias de investigación respecto a 2023 -con 19 incoadas, de las cuales seis derivaron en denuncia-, sí se ha registrado un aumento cualitativo en los procedimientos dirigidos contra las administraciones locales.

Durante el pasado año, se abrieron 39 procedimientos por prevaricación, además de seis por fraude a la Hacienda Pública vinculado al IVA, tres por contrabando y dos contra la Seguridad Social. Asimismo, se destaca la existencia de actuaciones por prevaricación, falsedad y tráfico de influencias que afectan a responsables del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba. Aunque estas causas fueron archivadas inicialmente, la Fiscalía ha recurrido la decisión.

Además, se investigan supuestas irregularidades en contratos públicos, que derivaron en actuaciones por delitos de prevaricación, cohecho y malversación, a raíz de oficios del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil.

La memoria, por otro lado, también recoge la investigación de un fraude masivo a la Seguridad Social por altas ficticias, con 470 investigados y un importe defraudado estimado en dos millones de euros, como adelantó este periódico. El caso se encuentra actualmente en fase de presentación de escritos de defensa, aunque la Fiscalía reconoce grandes dificultades para localizar y notificar a todos los acusados.

Blanqueo de capitales y carencia de medios

Entre otras actuaciones más relevantes, la Fiscalía menciona una causa por blanqueo de capitales cometido por una organización criminal, resultado de la investigación de un delito contra la salud pública. En este procedimiento ya se ha formulado acusación por parte del Ministerio Fiscal.

El informe no solo señala el aumento de causas vinculadas a Ayuntamientos, sino también la falta de medios y herramientas tecnológicas que dificultan el análisis exhaustivo de los delitos económicos. La Fiscalía insiste en la necesidad de contar con programas informáticos específicos para avanzar en el estudio y extracción de datos de estas causas complejas.