Familias de represaliados urgen a garantizar ya que las exhumaciones no tendrán un parón y seguirán en 2026

Este martes, el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto que regula la concesión directa a diputaciones y ayuntamientos andaluces por valor de 1.050.000 euros, destinados a la realización de actuaciones de búsqueda, localización, exhumación e identificación de restos de personas víctimas de la guerra civil española y la dictadura. En ese montante se incluye 150.000 euros para continuar los trabajos en los cementerios de Córdoba, donde actualmente se llevan a cabo localizaciones y exhumaciones de víctimas mediante un convenio que expira este año y por lo que familiares de represaliados urgen a que todas las administraciones garanticen ya la continuidad de las labores en 2026.

Desde hace meses, asociaciones memorialistas y familiares de víctimas vienen reclamando a las administraciones que cumplan su compromiso dado en palabras y no haya un parón en las exhumaciones. Ahora, con el paso dado por el Gobierno con la concesión directa de esos 150.000 euros para proseguir los trabajos, queda por delante que el Ayuntamiento de Córdoba, como propietario de los terrenos donde se ejecutan los trabajos y responsable de estos, dé luz verde a un nuevo contrato para las tareas de exhumación que quedarán pendientes aún cuando acabe este año.

En junio pasado, cuando el día 14 de ese mes los colectivos celebraron en el cementerio de La Salud con un acto el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, representantes de las distintas administraciones como el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento, Miguel Ruiz Madruga, se comprometían a proseguir los trabajos. El Gobierno ha dado ahora el paso de destinar 150.000 euros más y las asociaciones esperan que el Ayuntamiento siga los trámites necesarios de manera inminente.

Cumplir el compromiso

“Reclamamos que cumplan su compromiso y las exhumaciones sigan en 2026, sin que haya un parón”, señalan a este periódico desde la asociación de familiares Dejadnos Llorar. “Que no se eternice la promesa”, dicen sobre el tortuoso camino administrativo que siempre han tenido que recorrer sus peticiones de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Por ello, esperan en que pronto puedan tener noticias y el compromiso de todas las administraciones se haga realidad, de tal manera que los trabajos no queden paralizados cuando termine diciembre de 2025 sino que se continúen hasta su conclusión en 2026.

Actualmente, la localización y exhumación de los restos de víctimas de la represión franquista se está realizando en el cementerio de La Salud, donde se trabaja en distintos puntos, gracias a un convenio y a la aportación económica de las cuatro administraciones: Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno, con un 1,6 millones de euros en total.

Los trabajos en La Salud comenzaron en octubre de 2023 y, hasta el verano, ya habían recuperado los cuerpos de un total de 880 personas, de los que hasta ese momento se habían certificado como víctimas represaliadas los restos de 141 personas.

Años antes, los sondeos mostraron certeza sobre la realidad que documentos, testimonios orales y escritos, además de pruebas fotográficas, habían descrito: más de 4.000 personas fueron represaliadas y asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo en Córdoba, y arrojadas en su día a fosas comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael.

Prorrogar las tareas

De momento, el convenio y la financiación de las cuatro administraciones -Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Córdoba- señala que los trabajos llegarán hasta finales de 2025. Pero los especialistas ya advirtieron que la dimensión de las fosas de La Salud requerirá de prorrogar la tarea.

Mientras, en paralelo a la recuperación de los cuerpos de las fosas, los restos de cada individuo y los objetos que aparecen junto a ellos son analizados pormenorizadamente por antropólogos, arqueólogos y conservadores.

De los restos se extrae así el perfil biológico más ajustado posible de cada víctima -sexo, edad, estatura, enfermedades, etc-, así como de los detalles y objetos que dan información sobre esa persona.

Esa caracterización queda documentada y será complementaria para la prueba de ADN que, finalmente, se realice en el laboratorio encargado para ello en la Universidad de Granada y certifique la identificación de las víctimas en los casos que pueda comprobarse con sus familiares.