Córdoba se beneficiará con 32 millones del Plan Territorial de Transición Justa este año

Central térmica de Puente Nuevo.

Las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba podrán beneficiarse, a partir de este año, del Plan Territorial de Transición Justa para Andalucía, que estará dotado con 153 millones de euros. Con esta herramienta se persigue promover el desarrollo de una industria más ecológica y diversificada y compensar, de ese modo, los costes socioeconómicos, laborales y medioambientales que conllevan para estos territorios el cierre de sus centrales térmicas, en cumplimiento con la descarbonización de la economía y la neutralidad climática impuestas por la Unión Europea, ha expuesto este jueves la Consejería de Transformación Económica de la Junta.

La provincia de Córdoba, que tuvo que afrontar en 2020 el cierre de la Central de Puente Nuevo, contará con más de 32 millones de euros para el desarrollo de iniciativas vinculadas a la producción agroalimentaria, el reciclado de metales o la industria del frío y la climatización, junto al fomento de otras actividades tradicionales ligadas al sector de la madera y el mueble.

El consejero del ramo, Rogelio Velasco, ha subrayado este jueves que la puesta en marcha de este instrumento implicará “la creación y mantenimiento de casi 20.000 empleos, tendrá incidencia sobre 600 empresas y hará posible el desarrollo de 16 grandes proyectos tractores en sus comarcas”, según recoge un comunicado.

Según ha especificado, el Gobierno andaluz será el responsable de la gestión de los recursos asignados a la comunidad a través de este plan, de cuyo diseño se ha encargado la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Dicho documento propone las líneas de actuación a llevar a cabo para promover un crecimiento sostenible en esos territorios, poniendo el acento en el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética, la agricultura ecológica o de secano, la ganadería extensiva, el turismo y la movilidad sostenibles, la biodiversidad o la economía circular.

“Todas esas actuaciones están basadas en la colaboración público- privada y son capaces de proyectar un futuro económico sustentado en la innovación y el aprovechamiento de los recursos endógenos”, ha apostillado el titular de Transformación Económica.

La propuesta específica de Almería contará con cerca de 52 millones de euros e identifica como sectores especialmente afectados por los procesos de transición los del cemento, la piedra natural y el mármol y la agricultura de alta productividad, cuyas empresas podrán acceder a esos incentivos. El documento señala oportunidades de desarrollo vinculadas a la industria agroalimentaria, la construcción industrializada, las energías alternativas o el patrimonio minero.

En el caso de la provincia de Cádiz, ésta cuenta con un tejido industrial integrado por importantes sectores que se encuentran inmersos en pleno proceso de transformación ecológica y entre las que se incluyen la construcción, la actividad portuaria o las industrias petroquímica, naval y aeroespacial. En el marco del plan, va a disponer de casi 70 millones con los que apostar por el potencial de la economía azul, el desarrollo logístico o las energías renovables.

17.500 millones del Fondo de Transición Justa

La dotación económica para las tres provincias procede del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, que cuenta con 17.500 millones de euros para brindar apoyo a aquellas regiones comunitarias que dependen en gran medida de los combustibles fósiles o de industrias generadoras de efecto invernadero y, por tanto, se ven más afectadas por las directrices europeas de transición ecológica. De ese instrumento comunitario, a España se le ha asignado un volumen de 868,7 millones.

Entre las regiones susceptibles de beneficiarse de las ayudas, la Comisión Europea, en su informe del Semestre Europeo 2020 para España, ya identificaba a las tres provincias andaluzas como destino preferente de intervención. El objetivo perseguido era priorizar las actuaciones en las zonas más directamente afectadas por el cierre de las centrales térmicas de carbón.

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