UGT anuncia que recurrirá la decisión de la Junta que mantiene el actual comité de empresa en Hitachi

El sindicato UGT FICA ha anunciado que recurrirá ante la jurisdicción social la decisión “arbitraria” de la Junta de Andalucía sobre la asamblea de revocación realizada por los trabajadores y trabajadoras en Hitachi Energy.

La administración laboral ha vuelto a dar la razón a CCOO tras el rechazo por parte de la Delegación territorial de Empleo de la Junta en Córdoba del registro del acta de revocación de los miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en representación del colegio de oficinas.

Ahora, el sindicato UGT, que impulsó esta revocación, ha denunciado “una injerencia administrativa contraria a la legalidad vigente, que vulnera la voluntad mayoritaria del 80 % la plantilla y quiebra el principio de seguridad jurídica al aplicar un criterio desigual respecto a precedentes análogos en la provincia de Córdoba”.

No obstante, la Junta lo que precisó es que no procede el registro del acta de revocación porque no puede revocarse a los miembros del comité de empresa “durante la tramitación de un convenio colectivo”, como es el caso.

A pesar de ello, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) de Córdoba ha anunciado que interpondrá un recurso ante la jurisdicción social frente a la resolución de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía por la que se inadmite a trámite la revocación del comité del colegio de Técnicos y Administrativos de Hitachi Energy.

Desde UGT FICA subrayan que dicha resolución constituye “una injerencia ilegítima de la administración en la autonomía colectiva, al arrogarse funciones que exceden sus competencias y que corresponden en exclusiva al ámbito jurisdiccional”. Según los ugetistas, la actuación administrativa no solo carece de la debida cobertura legal, sino que, además, “contraviene frontalmente la voluntad soberana de los trabajadores, expresada de forma inequívoca en asamblea válidamente convocada y constituida, que nunca ha sido cuestionada o recurrida por nadie”.

La pasada semana, en una asamblea convocada por los trabajadores de Hitachi para tal efecto, el 80% de las personas trabajadoras del colegio de Técnicos y Administrativos acordó la revocación de la totalidad de los miembros del comité en “un ejercicio legítimo del derecho de participación reconocido en la normativa laboral y amparado por el principio de libertad sindical, por lo que la negativa de la Junta a admitir dicha decisión supone, en la práctica, vaciar de contenido un mecanismo democrático esencial en la representación de los trabajadores”, señalan desde UGT FICA.

Los ugetistas critican que la Administración autonómica haya optado por intervenir activamente en este supuesto cuando, destacan, “en casos sustancialmente idénticos en la provincia de Córdoba ha mantenido una posición de abstención y neutralidad, una aplicación selectiva y arbitraria del criterio administrativo que vulnera el principio de igualdad en la aplicación de la norma (artículo 14 de la Constitución) y genera una evidente quiebra de la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), incompatible con los estándares exigibles a cualquier poder público”.

Proceso de elecciones sindicales abierto

Por otra parte, UGT FICA ha desmentido “las manifestaciones vertidas por otras organizaciones sindicales” y ha zanjado que “el preaviso electoral promovido por este sindicato, debidamente registrado ante la autoridad laboral competente, no ha sido objeto de impugnación alguna, por lo que mantiene plena validez y eficacia jurídica, y el proceso de elecciones sindicales se materializará el próximo 13 de abril del 2026 con la constitución de la mesa electoral”. Del mismo modo, ha aclarado que “el proceso electoral de renovación de la representación de los trabajadores continuará su curso conforme a derecho, sin perjuicio de lo que, en su caso, resuelva la jurisdicción social, único órgano competente para dirimir este tipo de controversias para otorgar validez a los procesos electorales”.

UGT FICA ha denunciado, además, “la existencia de una doble vara de medir intolerable, ya que en supuestos sustancialmente idénticos en la provincia de Córdoba la propia Administración ha optado por no intervenir, una actuación selectiva que podría ser constitutiva de arbitrariedad descrita por el artículo 9.3 de la Constitución, quebrando la confianza legítima de los trabajadores en la actuación imparcial de los poderes públicos”.

Consecuencias y causas del conflicto abierto en Hitachi

Desde la federación ugetista han lanzado un mensaje de “nueva oportunidad para reconducir un conflicto que, hasta el momento, sólo se ha traducido en pérdidas para las personas trabajadoras, enquistamiento del problema y falta de solución real, suponiendo, además, la pérdida para Córdoba de cerca de 200 puestos de trabajo y más de 30 millones de inversión, por la forma en la que ha actuado CCOO en el conflicto”. Este sería, según fuentes del sindicato, una de las razones principales que llevaron a la plantilla a la revocación del comité de empresa con mayoría de este otro sindicato.

Los ugetistas denuncian, además, que CCOO habría planteado este conflicto para ocultar que no presentaron la correspondiente denuncia del convenio en su debido tiempo, por lo que el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON) dio por prorrogado el convenio de Hitachi en Córdoba hasta diciembre de 2026.

Para UGT FICA esta situación “de bloqueo” en las negociaciones de los representantes de los trabajadores con la empresa ha supuesto “un duro golpe para el futuro de fábrica en Córdoba que los trabajadores han entendido que debe ser reconducida lo más inmediatamente posible, algo que también deberían de entender desde la Administración autonómica, para así poder paliar lo antes posible el golpe e intentar recuperar, mediante una negociación acorde y estratégicamente diseñada, tanto los derechos de las personas trabajadoras como la posición privilegiada que Hitachi Córdoba ha tenido a nivel mundial”.