APDHA revela en un informe la debilidad estructural del sistema de protección social en Córdoba

La delegación de Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha revelado en un estudio la debilidad estructural del sistema de protección social que se ha puesto de manifiesto en períodos de crisis como la vivida durante la pandemia. Lo ha hecho este jueves con la presentación del informe ‘Amurallamiento de los recursos sociales de la provincia de Córdoba por la pandemia de la Covid-19’.

El análisis, que ha contado con el apoyo del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS-Diputación de Córdoba), se ha desarrollado a lo largo de los años 2021 y 2022 y ha consistido en sendos trabajos de campo en los que han participado 25 entidades públicas y privadas que prestan servicios sociales en la provincia y más de 250 personas cordobesas usuarias de dichos servicios -de la capital y de 10 municipios de menos de 20.000 habitantes-.

Ante esta situación, queda patente como una de las conclusiones del estudio que “o se produce una apuesta real de revertir el deterioro de los servicios públicos básicos, dotándoles de unos recursos humanos y financieros adecuados y redefiniendo sus objetivos y prioridades, o su nuevo colapso ante la próxima situación de estrés social está servido”.

Además, la investigación corrobora de nuevo que los sectores sociales más vulnerables sufren con mucha más gravedad las consecuencias de cualquier situación de dificultad que atreviese la sociedad en general. Por ejemplo, el 87% de las entidades indica el empeoramiento de las condiciones de las personas cuya principal fuente de ingresos es la economía sumergida (en la etapa de las restricciones más severas no pudieron realizar su actividad y tampoco pudieron acogerse a las prestaciones vinculadas al mundo laboral que se habilitaron). También consideran mayoritariamente que las personas sin hogar se han visto desamparadas o atendidas de forma ineficiente durante la pandemia (65%).

Por ello, a la APDHA Córdoba le parece “imprescindible que la promoción e inclusión de los colectivos en situación de exclusión grave debe situarse a la cabeza de las prioridades de las políticas sociales públicas”.

Otra de las conclusiones del estudio se refiere a que la digitalización acelerada de las relaciones entre administraciones y ciudadanía, incrementada en el contexto de la crisis sanitaria, consolida la “brecha digital” como una relevante barrera para el ejercicio normalizado de derechos básicos de la ciudadanía, cebándose con las personas en situación de exclusión. Para APDHA, la implantación de las nuevas tecnologías en este ámbito debería ser “más progresiva, con medidas decididas de inclusión digital y dejando abiertos los canales analógicos hasta que esta última sea una realidad para toda la sociedad”.

Así se evidencia en el análisis, que detalla que con la llegada de la “nueva normalidad”, el 97% de las personas responsables de las organizaciones entrevistadas afirman que se han incrementado las dificultades de acceso a los recursos sociales públicos de la provincia, considerando el 89% que ello afecta especialmente a las personas más vulnerables. Entre las principales dificultades señaladas, existe práctica unanimidad en destacar la “brecha digital” (91%). Y lo corroboran más del 85% de personas encuestadas en la capital y del 65% en la provincia, que han referido problemas de acceso a las administraciones y a los servicios sociales en la pandemia. Los servicios sociales comunitarios, instituciones clave para la población más vulnerable, también han visto mermada su accesibilidad en los dos últimos años: casi el 80% de las personas encuestadas en la capital así lo afirman, mientras que esa percepción se rebaja sensiblemente en los municipios de la provincia hasta el 45%.

Muy pocas personas (10%) valoran positivamente esta digitalización en el acceso a los recursos públicos, más bien son mayoría las que señalan el incremento en las dificultades de contacto con la administración, la falta de formación en competencias digitales o disponibilidad de dispositivos y su preferencia por una atención personalizada.

Además, el panorama dibujado por las instituciones y entidades entrevistadas es para la APDHA elocuente. Durante el confinamiento domiciliario, tan solo el 24% de estas entidades pudo mantener sus servicios a pleno rendimiento. Además, al incremento de las dificultades de acceso a la red de recursos se le suma un aumento de las necesidades como consecuencia de la pandemia. El 87% de las entidades confirman que ha crecido el número de solicitudes de ayuda, más de la mitad (54%) señalan que se han incorporado nuevos perfiles de personas usuarias, que se ha incrementado exponencialmente las demandas relacionadas con la cobertura de necesidades básicas (82%) y la mayoría (80%) han tenido que poner en marcha nuevos programas para tratar de paliar esta situación.

Por otro lado, el estudio destaca el fuerte impacto de la crisis de la COVID-19 en la salud mental y estabilidad emocional. Cerca del 75% de las personas entrevistadas refiere haber tenido sentimientos o pensamientos negativos en este periodo (ansiedad, confusión, tristeza, cambios de humor, abandono…). En cuanto a las preocupaciones, tras el lógico miedo al contagio, emergen las vinculadas con las necesidades socioeconómicas básicas.

Por último, en lo que se refiere a las dificultades económicas vinculadas a la pandemia, sobresalen la pérdida del empleo (con mayor relevancia en la capital -43%-) y los problemas relacionados con las prestaciones sociales (casi el 50%, lo que se traduce en que apenas el 23% de las personas encuestadas de la capital las hayan percibido, cuando residen en barrios especialmente golpeados por la pobreza).