Unos 18.000 cordobeses multados y 76 detenidos durante el primer estado de alarma, indultados

El Gobierno ordenó este viernes anular todas las multas y procedimientos contra los ciudadanos que incumplieron el primer estado de alarma en España, el que se desarrolló entre el 14 de marzo y el mes de junio del año 2020. El estado de alarma declarado por el Real Decreto de 14 de marzo habilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario.

En la provincia de Córdoba, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado arrestaron a 76 personas amparándose en ese Real Decreto, que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional tras una demanda de Vox. Esas 76 personas se saltaron las restricciones de manera reincidente y reiterada. Ahora, su procedimiento queda en suspenso, siempre y cuando los agentes no le imputaran otros delitos del Código Penal (como desacato o atentado a la autoridad, que ocurrió en ocasiones).

Pero además, son casi 18.000 las multas en Córdoba que o no se cobrarán o se tendrán que devolver en caso de que fuesen ya liquidadas. El Ayuntamiento, a través de la Policía Local, sancionó a 2.000 personas en la ciudad por incumplir las medidas sanitarias.

Durante el estado de alarma en Córdoba, el cuerpo más activo de todos fue la Guardia Civil. Así, los agentes del instituto armado multaron a 7.378 cordobeses durante los tres meses, en los que coincidió el confinamiento más duro y una nueva normalidad. El instituto armado arrestó en la provincia a 41 personas.

En segundo lugar en multas está la Policía Nacional, que sancionó a 6.041 personas y detuvo a 35 en la provincia de Córdoba. Por su parte, la Policía Local de Córdoba capital multó a 2.020 ciudadanos, sin que consten arrestados.

De las 18.000 multas, más de la mitad ya fueron resueltas, según la información que maneja el Ministerio del Interior. Para atender al volumen de expedientes y a la “desproporcionada carga de trabajo”, Política Territorial anunció en mayo que ponía en marcha un programa de refuerzo para agilizar la tramitación de multas con la idea de que quedaran “resueltos en tiempo y forma”. En total, había 235 efectivos en todo el país encargados de determinar si, a la vista de los hechos, procedía o no iniciar el expediente sancionador. Ahora, todos los expedientes serán archivados.