La psicóloga que trató a la víctima de 'La Manada' declara que “lo que pasó tuvo un efecto devastador en ella”

La tercera y penúltima sesión del juicio a los cuatro miembros de La Manada por los supuestos abusos sexuales cometidos en Pozoblanco ha puesto de relieve dos cuestiones importantes. En primer lugar, que la Policía Foral de Navarra -según lo declarado por los agentes- tenía la autorización judicial pertinente para investigar en su totalidad los móviles de los imputados. Y, en segundo lugar, las secuelas psicológicas de la joven tras lo sucedido, que ya el pasado 27 de agosto intentó quitarse la vida. Según ha declarado la psicóloga que la trató, el daño provocado por La Manada “ha sido devastador y ha condicionado su vida”.

En su declaración, esta profesional -que atendió a la víctima desde entonces- ha explicado que la joven hacía vida normal después de los hechos porque no sabía qué había pasado, “aunque sí mostraba cierta preocupación” por ello. Aunque en un principio fue tratada por un “trastorno agudo”, pasó a considerarse “estrés postraumático” debido a “su intensidad y su prolongación en el tiempo”. De hecho, la joven sufrió “irritabilidad con sus amigos, se refugiaba en casa, tenía sensación de alerta porque no quería hacerse fotos, reaccionaba de manera desmesurada ante determinados acontecimientos, le provocaba rechazo ver escenas de índole sexual en cualquier película, sufrió ansiedad tras la sentencia condenatoria de Pamplona y tenía miedo a la focalización mediática”. Según ha expuesto la psicóloga, la víctima le llegó a decir que “ya no era Marta [nombre ficticio], sino la víctima de La Manada”.

Además, la psicóloga ha relato cómo la joven no encontró apoyo en el pueblo y ha criticado cómo, a veces, “nos creemos capaces de juzgar cosas de lo que sólo conoces una parte”, afirmación que ha contestado el abogado de los acusados -Agustín Martínez- aludiendo al relato supuestamente poco contundente de la víctima. “A lo mejor es que no la han creído”, ha manifestado.

En diciembre de 2016, la joven decidió finalizar la terapia tras considerar que estaba recuperada. Retomó su vida y la búsqueda de empleo aunque en febrero de 2017 volvió a requerir asistencia psicológica. La acusación popular presentó el pasado lunes un parte de asistencia a Urgencias del pasado 27 de agosto, cuando la joven habría intentado acabar con su vida, temiendo incluso volver a hacerlo.

Sobre el estado físico de la joven, el médico forense ha relatado que el hematoma que tenía en la pierna en mayo de 2016 podría ser fruto de un golpe o de una caída, aunque no ha quedado acreditado cómo se produjo. Mientras que la acusación sostiene que el hematoma se produjo después de que Alfonso Jesús Cabezuelo expulsara a la joven del coche de una patada, otros testigos declararon el pasado martes que la víctima se cayó tras salir de la caseta la madrugada del 1 de mayo de 2016, tesis sostenida por la defensa. Sobre el estado de inconsciencia que se presupone a la joven a tenor de los vídeos, el médico ha señalado que “podría tratarse de alguna sustancia química o de la ingesta de alcohol”.

La vista comenzó este miércoles pasadas las 10:30 con las pruebas testificales al policía instructor del atestado inicial del caso, que ha manifestado que fue el juez de Instrucción número 4 de Pamplona quien dio la autorización para analizar los teléfonos de los cinco miembros de La Manada -los cuatro imputados y Ángel Boza, que cumple prisión en la cárcel de Albolote (Granada) tras la condena por abusos sexuales ocurridos en Pamplona.

En el transcurso de la investigación y del visionado de las imágenes y vídeos, el agente de la Policía Foral de Navarra al mando encontró los documentos audiovisuales que son prueba fundamental -aunque no la única- en esta causa. Posteriormente, los agentes trasladaron al juez instructor el material que había aparecido, “que podría ser constitutivo de delito”, y fue él mismo, según han declarado, quien solicitó dar con la identidad de la víctima. El abogado de la defensa, Agustín Martínez, ha preguntado en reiteradas ocasiones “qué pretendían buscar” en los teléfonos, “si iban buscando delitos”, a lo que los agentes han señalado que el objetivo era “identificar con claridad a los implicados” ya que había imágenes de todo tipo.

Fue el 16 de septiembre de 2016 cuando, tras una investigación a través de redes sociales, un agente de Navarra confirmó tener identificada a la posible víctima. Días después, dos policías  viajaron hasta Córdoba, donde se citaron con la joven en un hotel de la capital. Es en este encuentro cuando ambos agentes le relatan que habría sido víctima de un delito contra la intimidad, a lo que la joven “se echa llorar y dice: Lo sabía, lo sabía. Nadie me creía”. A la pregunta de la defensa sobre si la presionaron o no para que denunciara, los agentes han negado la mayor y han expuesto que únicamente le “ofrecieron la posibilidad de denunciar” los hechos. Ella accedió aunque solicitó no hacerlo “ni en Madrid [donde residía en ese momento] ni en Pozoblanco, ya que decía que era un pueblo muy pequeño”.

El segundo agente que viajó a Córdoba ha señalado que el procedimiento realizado en este caso no ha sido diferente con respecto a otros de la misma índole. “Cuando observo un hecho que considero delictivo debo comunicarlo y es lo que hice”, ha afirmado el agente, quien ha aclarado que la extracción de pelo solicitada buscaba sólo un fin: “Ver si había o no sustancias químicas”. Asimismo, ha explicado que en aquella cita con la víctima no le mostraron el vídeo porque “no se encontraba preparada”.

Durante estos testimonios, los cuatro acusados han estado intercambiado opiniones que desembocaron en una risa conjunta, lo que obligó al juez Luis Javier Santos a llamarles la atención y a recriminarles su conducta ante el relato de los hechos. “Veo que les hace gracia”, manifestó el togado a los acusados, que cesaron en su actitud. Asimismo, el magistrado también pidió “calma” tanto al abogado de los acusados como al policía instructor, quien le ha reprochado a Martínez que calificara como “feliz hallazgo” cuando se encontraron los vídeos de los supuestos abusos de Pozoblanco.

La sesión ha finalizado con la visualización a puerta cerrada de los dos vídeos en que mostrarían los supuestos abusos sexuales sufridos por la joven. Al finalizar la sesión, el abogado Martínez ha adelantado que va a reformular las conclusiones provisionales, “partiendo de la premisa de que es primario la anulación del vídeo” y, por ende, la anulación de responsabilidad por parte de sus defendidos. Además, ha sostenido que “la distribución del vídeo tampoco nunca pudo llegar a conocimiento de la denunciante y se produce a través de una actuación ilícita”. “Si todo el delito se basa en una prueba ilícitamente obtenida no queda más remedio que pelear, argumentar e intentar acreditar que efectivamente así ha sido”, ha concluido.