La subasta de las enormes fincas cordobesas de la Reforma Agraria de Andalucía

Desde las primeras luchas jornaleras de finales del siglo XIX hasta la lucha por el Estatuto de Andalucía a finales del siglo XX se hizo muy popular el famoso lema de “la tierra para quien la trabaja”. Las huelgas y movimientos jornaleros del siglo XIX reclamaban una reforma agraria en Andalucía que repartiera las tierras entre miles de trabajadores del campo que dependían de que los terratenientes de turno les dieran empleo o decidieran cultivar. Las protestas comenzaron a cuajar e incluso a principios del siglo XX las administraciones comenzaron a confiscar tierras que no se cultivaban y a arbitrar medidas, siempre insuficientes, para diversificar la economía agraria de Andalucía.

En el año 1903 se creó el Instituto de Reformas Sociales “con el fin de aliviar los problemas de estructuras e infraestructuras agrarias existentes hasta ese momento” y en 1907 la conocida como Junta Central de Colonización. La Ley de Reforma Agraria de 1932 crea un nuevo ente, el Instituto de Reforma Agraria, dotándolo de una serie de objetivos, como paso previo a la transformación, no sólo de la estructura de la propiedad, sino de la relación de la persona agricultora con la misma, realizándose ésta mediante las obras necesarias en el factor tierra, sobre todo con la dotación de regadíos a extensas zonas para producir todo lo necesario para la subsistencia humana, reparto organizado de la tierra, recuperación de la misma mediante proyectos de regadíos e implementación de tecnología en el campo“.

Estos antecedentes no están en ningún libro de historia sino en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este 20 de julio de 2023. Forman parte de una resolución de la secretaría técnica de la Consejería de Agricultura para “enajenar” las grandes extensiones agrarias de la provincia de Córdoba en manos de la Junta de Andalucía. El objetivo es que esos enormes cortijos sean de los ayuntamientos. Si estos no pujan se venderían a privados.

Esta subasta es la culminación de un proceso que murió en 2010. Entonces, la Junta de Andalucía decidió extinguir el famoso Instituto Andaluz de la Reforma Agraria (IARA). Este IARA es heredero de aquella reforma de la II República y del “Instituto Nacional de Colonización, el 18 de octubre de 1939”, creado ya por el franquismo. Poco después se llamó Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), en julio de 1971, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura. Fue precisamente el IRYDA el que preveía la entrega “de tierras a las personas agricultoras en régimen de concesión administrativa y su posterior acceso a la propiedad cuando cumplieran determinados requisitos. Estos bienes, en principio afectados al dominio público agrario, quedarían entonces desafectados por cumplimiento de la utilidad pública que motivó su afectación, al haberse cumplido los fines de la reforma y desarrollo agrario”, señala la propia Junta de Andalucía.

Tras la aprobación de la Constitución, primero, y del Estatuto de Autonomía, después, el IRYDA devino en el IARA. El movimiento jornalero siempre consideró insuficiente la reforma agraria de la Junta que, sobre el papel, provocó la dimisión del presidente socialista Rafael Escuredo en su enfrentamiento con el gobierno de Felipe González, también del PSOE.

En Córdoba, las grandes fincas públicas de la Reforma Agraria estaban en Palma del Río. Y ahí siguen. Ahora, tras la muerte del IARA se busca que su ayuntamiento se quede con ellas. O que salgan a subasta pública.

La finca más famosa no es la más grande. Somontes, ocupada constantemente por jornaleros del SAT, ocupa una superficie de 393 hectáreas. El precio que le ha puesto la Junta de Andalucía es de 4,5 millones de euros. La finca más grande es el cortijo Guzmán, dividido en dos. En total, tiene una superficie de 668 hectáreas y el precio inicial ronda los ocho millones de euros. Y hay una tercera finca, algo más pequeña, La Palmosa de Juan Ramírez y Agregados, de 111 hectáreas. Esta finca ahora mismo está gestionada por el Ayuntamiento de Palma, ya que la arrendó en 2008 por 50 años. El objetivo de la antigua Corporación palmeña era hacerse con la titularidad de todas.

En la provincia solo hay otras dos fincas agrarias más de titularidad pública, pero muy pequeñas. Así, están las 13 hectáreas que tiene La Catalineta en Santaella y los apenas 400.000 metros cuadrados de San Antonio en El Carpio, una zona que prácticamente podría ser ya urbana.

Ahora, la Junta espera hacer caja y poner fin a un histórico proceso de movimiento jornalero, avanzando el siglo XXI.