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El Pleno de la Diputación apoya por unanimidad la aprobación inicial del 'Plan Córdoba 15'

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, preside el Pleno de la institución provincial correspodiente al mes de mayo.

Redacción Cordópolis

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El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo, ha aprobado este miércoles de forma inicial y por unanimidad de todos los grupos políticos (PSOE, IU, PP, Cs y Vox) el Plan Provincial de Asistencia a Municipios y Entidades Locales Autónomas de Córdoba para Actuaciones Locales en el marco de la Agenda Urbana y Rural Española 'Plan Córdoba 15', dotado con 15 millones de euros.

En relación con esta propuesta y en declaraciones previas a los periodistas, el portavoz del Grupo Provincial Socialista, Esteban Morales, ha explicado que “se trata de un montante económico procedente de los remanentes y que irá dirigido a la recuperación económica de nuestros municipios”.

Según Morales, “el reparto de fondos irá vinculado a la población y a la dispersión, habiendo introducido, además, el requisito del número de centros de mayores en cada localidad. Así, los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes tendrán un tope de 280.000 euros, mientras que la horquilla irá desde los 150.000 euros a entidades locales menores hasta los 300.000 o 400.000 euros que percibirán los pueblos con mayor dispersión poblacional”, ha agregado.

Se trata de “cantidades importantes que sumadas a las ya distribuidas a través del Plan Más Provincia se ponen a disposición de los ayuntamientos para mejorar el empleo y los servicios públicos que ofrecen a la ciudadanía”, ha remarcado Morales.

Por su parte, el portavoz del Grupo de IU en la institución provincial, Ramón Hernández, ha apuntillado que “con este programa se pone de manifiesto que los remanentes son recursos con los que cuentan las administraciones y que ahora es importante ponerlos en ejecución”.

Hernández ha hecho referencia a que “con esta propuesta se pone de manifiesto, una vez, la apuesta clara y decidida de esta institución por el municipalismo, otorgándole a los ayuntamientos capacidad de decisión en la dedicación de los recursos asignados”.

“Tras esta aprobación inicial, los ayuntamientos tendrán cinco días para aceptar la cantidad asignada a cada uno de ellos, procediéndose a la aprobación definitiva del Plan en el Pleno del mes de junio, esperando que tras 15 días, desde dicho momento, se aprueben las acciones y se ponga a disposición de los municipios el dinero”, ha señalado Hernández.

Por otro lado, el portavoz del PSOE en la Diputación ha mencionado que “ya en el mes de febrero se puso en marcha el 'Plan Más Provincia', también dotado con 15 millones, dirigido al asentamiento de la población al territorio y a la mejora de la calidad de vida de los vecinos de nuestros pueblos”.

Para Morales, son “un total de 30 millones de euros que reflejan, al igual que el presupuesto consolidado, el compromiso de esta institución provincial con los ayuntamientos y las necesidades que desde los mismos se nos plantean”.

Dos declaraciones institucionales

En otro orden de cosas, el Pleno de la Diputación ha aprobado dos declaraciones institucionales, siendo la primera de ellas en defensa de la cultura y el patrimonio, en la que se recoge como objetivo de la institución provincial el reconocimiento de este sector como fundamental en el desarrollo de los municipios cordobeses.

Del mismo modo, se especifica que entre los objetivos de la Diputación se encuentra la actualización, consolidación y creación de un programa cultural que responda a las necesidades reales de la provincia y que atienda a la problemática dentro de los municipios, a la vez que se favorezcan el progreso social y cultural.

La segunda de las declaraciones institucionales aprobadas atiende al apoyo a las reivindicaciones de Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, sobre la regulación del uso de las redes sociales y los medios de comunicación.

El texto recoge el compromiso de la Diputación a fomentar, impulsar y canalizar, en todo lo posible, la campaña de recogida de firmas iniciada por Patricia Ramírez para lograr 500.000 rúbricas y así poder impulsar una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados, que regule contenidos en redes sociales y medios de comunicación.

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