El Gobierno resuelve el contrato para acabar las obras en el río Cabra

Una de las grandes obras de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Córdoba está paralizada desde el 17 de noviembre de 2020. El 30 de septiembre de este año, casi un año después, el Gobierno, a través de la CHG, ha logrado resolver el contrato para poder continuar ejecutando los trabajos.

Según ha informado el Gobierno a una pregunta parlamentaria del senador del PP y alcalde de Cabra, Fernando Priego, el motivo está en los problemas que han surgido con algunos propietarios sobre el importe de las expropiaciones a pagar. Además, también hay que modificar el proyecto original para “subsanar deficiencias detectadas”. Ahora, casi que hay que iniciar la mitad del proceso de nuevo.

Así, el Gobierno ha informado de que “se va a iniciar, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la redacción de un nuevo proyecto que recoja todas aquellas actuaciones que no se han podido ejecutar y que dé solución a los problemas detectados durante la ejecución del anterior proyecto”. De esta manera, en los próximos meses se contratará la redacción del proyecto y se espera poder licitar las obras en el segundo semestre del año 2022, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita, señala el Ejecutivo. 

Las obras del proyecto de restauración ambiental e integración urbana y paisajística del tramo alto del río Cabra fueron adjudicadas en el año 2019 por un importe de 2,5 millones de euros. El contrato se formalizó el 22 de febrero de 2019, en favor de la empresa contratista -Compañía General de Construcción Abaldo, S.A. El proyecto permitirá integrar el río Cabra en el municipio urbano, a la vez que restaurar el paisaje a su paso por la localidad. No obstante, los trabajos están suspendidos. El Gobierno asegura que otro de los problemas de las obras fue la “suspensión parcial” de los trabajos entre el 31 de marzo y el 27 de mayo de 2020. El más importante es que “aún no se dispone de la totalidad de las fincas afectadas”. El Ejecutivo baraja encargarle el remate de la obra a la empresa pública Tragsa, experta en acabar lo que algunas constructoras han dejado pendiente.

La CHG ha llegado a un acuerdo con 36 de los propietarios de las 65 fincas afectadas por la obra. El acuerdo amistoso ha permitido pagar ya un total de 506.522 euros en expropiaciones. Pero los propietarios de las otras 29 fincas no estaban de acuerdo en el precio. Finalmente, el Jurado Provincial de Expropiación de Córdoba ha fijado en 474.569 euros el importe a pagar.