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El Gobierno defiende la conexión La Colada-Sierra Boyera por criterios técnicos, sociales y ambientales

Instalaciones de bombeo de agua de La Colada.

Europa Press

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El Gobierno central ha justificado la actuación en la conexión entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el norte de la provincia de Córdoba, donde los 80.000 vecinos de las comarcas de Los Pedroches y El Guadiato llevan sin suministro de agua potable desde marzo de este año, en base a criterios técnicos, sociales, ambientales, de plazos y de eficiencia en el uso de los recursos económicos públicos.

Así lo expone el Ejecutivo en una respuesta a preguntas de los diputados del PP Isabel Prieto y Bartolomé Madrid, consultada por Europa Press, y en la que detalla que “como consecuencia de la sequía acaecida en 1995, las tres administraciones --estatal, autonómica y provincial-- acordaron dar mayor garantía a las demandas de abastecimiento de la zona norte mediante la construcción de la presa de La Colada, ubicada en la cuenca hidrográfica del Guadiana”.

La construcción correspondió a la administración estatal, mientras que la Junta de Andalucía se encargó de la construcción de las conducciones y el resto de las infraestructuras hidráulicas necesarias para la conexión de la nueva presa con la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera. La obra se financió con fondos europeos de cohesión y de Diputación, en virtud del convenio de colaboración firmado con la sociedad estatal Hidroguadiana. La inversión ascendió a 24 millones de euros.

La Junta de Andalucía, por su parte, se encargó de la ejecución de la conexión de La Colada con la ETAP de Sierra Boyera, siendo el presupuesto de adjudicación de 18 millones. “Esta obra no se concluyó debido a la resolución del contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras en 2009, habiéndose ejecutado casi el 90% de la actuación a falta sólo de la obra de captación y elevación, un tramo de conducción de menos de cinco kilómetros y el suministro eléctrico a la estación de bombeo”, precisa el Gobierno.

Al respecto, apunta que La Colada tiene una capacidad de 57,7 hectómetros cúbicos y garantiza con una probabilidad superior al 99% un volumen anual de 14 hectómetros cúbicos de agua, siendo su aportación media anual de agua de 32 hectómetros cúbicos. “Debido a que la obra de conexión no está concluida, la presa ha carecido de uso desde su puesta en explotación, almacenando prácticamente de forma continua en el tiempo el máximo volumen de agua que permite su capacidad”, señalan desde el Ejecutivo.

Puente Nuevo

En las reuniones desde el inicio de la situación de emergencia de Sierra Boyera, así como en los escritos enviados por Diputación, previos a la comisión de desembalse, la institución provincial solicitó la conexión de Puente Nuevo con la ETAP de Sierra Boyera como “única solución viable a la falta de recursos hídricos”, si bien “las obras de conexión entre La Colada y la ETAP estaban prácticamente ejecutadas al 90%”, se puntualiza en la respuesta.

En consecuencia, explican que “una vez conocido el grado de ejecución de las conexiones entre La Colada y la ETAP de Sierra Boyera, se determinó que la única solución técnica viable que hiciera posible que el agua llevara a los municipios antes de que se agotaran las reservas en Sierra Boyera era precisamente la terminación de la obra por la Junta, ejecutada en más de un 90%”.

De este modo, subrayan que “únicamente era necesario ejecutar la obra de captación y elevación en La Colada, la terminación de la conducción --primer tramo-- y el suministro eléctrico provisional”.

Todo ello, además, “culminaría la puesta en funcionamiento de las infraestructuras que todas las administraciones acordaron que fueran la solución para garantizar la atención a la demanda y para las que se habían invertido 44 millones de inversión pública que hasta el momento no se habían puesto en funcionamiento”.

En este sentido, el Ejecutivo central precisa que la ejecución de las obras de emergencia por las que se pregunta se basó en criterios de “eficiencia en el uso de recursos económicos públicos”, de modo que “se debían culminar las obras que ya habían supuesto una inversión de 44 millones y cuyo único usuario era el abastecimiento de la zona norte de la provincia”.

Al hilo, menciona que “la ejecución de la obra de emergencia de terminación de la conexión de La Colada con la ETAP de Sierra Boyera sólo requería que la administración competente en abastecimiento ejecutara un tratamiento de mejora de la calidad del agua en la ETAP”, agregando que “la inversión total de la obra de emergencia y tratamiento es muy inferior a la de la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera”.

Por otra parte, apunta a los plazos, de modo que “la construcción de la conexión que se solicita hubiera supuesto una ejecución próxima a los 24 meses, puesto que se requería expropiar toda la traza de la conducción”; los criterios técnicos, indicando que “las presas de Sierra Boyera y de La Colada tienen recursos suficientes para garantizar el suministro a los 80.000 habitantes de la zona”. “La presa de Puente Nuevo se integra en el sistema de regulación general del Guadalquivir, sistema deficitario, en situación de emergencia desde hace más de un año”, apostillan.

Asimismo, citan criterios “sociales”, manifestando que “la administración debe asegurar que todos los ciudadanos dispongan de una garantía similar”, de forma que “si la zona norte dispone de dos presas casi en exclusiva con una garantía muy superior al resto de la población, se deben acometer actuaciones que mejoren la garantía de los habitantes de municipios que no disponen ni siquiera de garantía suficiente en períodos de sequía, porque se abastecen de recursos subterráneos o superficiales sin regular”.

“En la presente sequía se ha constatado que esos son los municipios en los que se han producido los cortes en el suministro de agua, fuera de este caso que se debe a falta de tratamiento adecuado para la mejora de la calidad”, sostienen desde el Gobierno.

Y los criterios ambientales: “si existe una obra de regulación como es la presa de La Colada ejecutada junto con las conducciones de conexión con la ETAP, no corresponde ejecutar una nueva infraestructura de conexión, ni tampoco empeorar la situación de los usuarios del sistema de regulación general que pueden demandar nuevas obras de incremento de la capacidad de regulación sobre las ya planificadas”.

Emproacsa

En cuanto a la petición por parte de Emproacsa de la conexión con Puente Nuevo, el Ejecutivo dice que “responde exclusivamente a criterios económicos como son que la captación de agua desde la presa de La Colada supone el inicio del pago del canon de regulación de esta presa, así como de las obligaciones económicas contenidas en el convenio de colaboración firmado con Hidroguadiana, el coste de energía del bombeo para captar el agua y llevarla hasta la ETAP de Sierra Boyera y el coste de la inversión que debía asumir para disponer del tratamiento que permita la potabilización del agua de La Colada en la ETAP de Sierra Boyera, así como de su explotación”.

Por ello, “hasta el momento, desde que en 2021 se declaró la situación de sequía en la cuenca con el embalse de Sierra Boyera entre los más afectados y hasta el día de hoy, dos años después no se ha iniciado la construcción de ese tratamiento de potabilización”, añaden.

Por otro lado, mencionan que “al inicio del planteamiento de soluciones ante la disminución progresiva de recursos en Sierra Boyera y la petición expresa de la obra de conexión con Puente Nuevo por Emproacsa, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir valoró esta opción en cuanto a la evaluación de los condicionantes técnicos, presupuestarios, así como el plazo de ejecución de ejecución de las obras”. “Como se ha expuesto, esta toma en consideración se produjo antes de conocer que se disponía de las obras de conexión con la presa de La Colada de la Junta ejecutadas en más del 90%”, aseguran.

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