Doce prospecciones mineras en espacios protegidos de Córdoba

Hace poco más de un mes, a finales de diciembre de 2023, la Delegación Territorial de la Consejería de Industria, Energía y Minas en Córdoba publicaba el concurso para el otorgamiento de permisos de investigación de recursos mineros en la provincia. En total, la licitación afectaba a 65 derechos mineros caducados, en terrenos de dieciocho términos municipales de la provincia de Córdoba. Ahora, un estudio de Ecologistas en Acción ha puesto de manifiesto que doce de esas zonas donde se quiere iniciar actividad minera corresponden a espacios protegidos.

Doce de las cuadrículas en concurso para realizar prospecciones mineras están por completo o en parte en parques naturales, humedales, Zonas de Especial Conservación (ZEC) o Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) de la provincia de Córdoba, según expone el informe. Para llevar a cabo esas prospecciones, se requeriría una evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental unificada, dado el carácter de protección de los espacios.

“Basta con intersectar los planos de todos los derechos mineros que se declaran francos y se sacan a concurso (...) con los planos de los espacios LIC -Lugar de Interés Comunitario-”, para extraer que, en la provincia de Córdoba, una docena de cuadrículas en licitación para investigación minera se corresponden con espacios protegidos, señala el estudio al que ha tenido acceso Cordópolis.

En concreto, una de las cuadrículas de investigación minera se ubica parcialmente en la Zona de Especial Conservación Río Guadalmez; otras tres estarían afectadas de pleno por la Zona de Especial Protección para Aves Alto Guadiato; seis cuadrículas más estarían en Zona de Especial Conservación Guadiato-Bembézar; una cuadrícula más afectaría de pleno a las reservas naturales de las lagunas Amarga y Dulce; y otra zona estaría en espacios del Inventario de Humedales de Andalucía como las lagunas Molina Ramírez, Taraje, Remendado, Curado, Vadohondo, Llanos del Acebuchoso y Dulce de Espartosa, según desgrana el informe.

Afectación de espacios y hábitats protegidos

Ecologistas en Acción explica que, “es evidente que cualquier actividad minera, por su propia naturaleza afecta de forma muy apreciable al medio ambiente del territorio que ocupa, mediante la destrucción directa del suelo (y por tanto de los hábitats que se sustentan en ese suelo) en el caso de la minería a cielo abierto, y mediante las afecciones al subsuelo, a las aguas subterráneas y superficiales en los casos de minería a cielo abierto y subterránea”. 

Recuerda que la norma exige la “obligación de evaluación de impacto ambiental y de autorización ambiental unificada para aquellos terrenos que afecten a la Red Natura 2000 o espacios protegidos por la Ley 42/2007”.

Fue el 28 de diciembre de 2023 cuando el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el concurso de la Delegación Territorial de la Consejería de Industria, Energía y Minas en Córdoba para el otorgamiento de permisos de investigación de recursos mineros en la provincia, una vez que la administración ha declarado francos dichos terrenos. En concreto, la búsqueda de estos se recursos se localizan en los municipios de Espiel, Villanueva del Duque, Fuente Obejuna, Cardeña, Villaviciosa de Córdoba, Hinojosa del Duque, Adamuz, Torrecampo, Alcaracejos, Conquista, Villanueva de Córdoba, Luque, Priego de Córdoba, Lucena, Dos Torres, Santa Eufemia, Almodóvar del Río y Adamuz.

Ecologistas en Acción sostiene que las declaraciones de terrenos francos y los concursos mineros “constituyen planes o programas que deben ser sometidos a la evaluación ambiental obligada por la directiva 2001/42/CE traspuestas en la Ley 21/2013 como evaluación ambiental estratégica, ya que los permisos de investigación sometidos a concurso pueden tener impactos significativos en el medio ambiente en relación a la ordenación del territorio y a la utilización del suelo”. Y asimismo “establecen el marco para la autorización en el futuro de proyectos de explotación minera, que están sometidos a la legislación europea en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, actualmente la Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente”.