El presunto amaño en las oposiciones a bombero se juzgará en marzo

Protestas por las oposiciones en un pleno de 2010 | MADERO CUBERO
La acusación particular solicita penas que se elevan hasta los 36 años de prisión

Ya hay fecha para el juicio por el presunto amaño de las oposiciones a bomberos de Córdoba. Las vistas para esta compleja causa serán los días 2, 3 y 4 de marzo, según avanza Abc y confirman fuentes del caso. La acusación particular solicita penas que se elevan hasta los 36 años de prisión. El juez del Juzgado de Instrucción N.4 de Córdoba acordó en junio la apertura de juicio oral a los representantes sindicales y opositores que participaron en la oposición convocada para plazas de Bomberos de Córdoba en 2008.

El juez considera que hay indicios de que los representantes sindicales miembros del Tribunal pudieran haber cometidos los delitos de prevaricación, revelación de secreto y tráfico de influencia. Por su parte, tras la instrucción llevada a cabo, los opositores acusados pueden haber incurrido en delito de prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y tráfico de influencias. Desde el Juzgado se ha dado traslado a la Fiscalía de este auto para si quiere presentar acusaciones contra alguno de los acusados o mantiene el sobreseimiento del caso, ralizado en su día.

El magistrado acusa a dos miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento de CCOO, M. T. C. y Ó. L. C, de delitos de prevaricación, revelación de secretos y tráfico de influencias; y a siete bomberos que consiguieron plaza, J. E. B., J. D. L., L. A. N., F. P. P., J. L. R. G., J. R. H. y M. Á. R. H., a los que acusa de un presunto delito de tráfico de influencias, aprovechamiento de información privilegiada y prevaricación.

El juez, después de meses de investigación, ha llegado a la conclusión de que hubo amaño tras distintos análisis y toma de declaraciones, y sobre todo tras el estudio de un examen estadístico que encargó para determinar si había habido amaño o no. Así, después de este análisis, el juez concluye que sí lo hubo, planteando que los miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento imputados diseñaron una “estrategia” para reconocer el nombre de los que firmaban el examen cuando posteriormente fueron a corregirlo. Éste sería el caso del principal imputado, Ó. L. C., al que el juez acusa de ser el cerebro de la “estrategia”.

Esta estrategia consistía en que los siete aspirantes a bombero (que aprobaron su plaza) imputados se equivocarían en la misma pregunta y contestarían de la misma forma otras dos cuestiones “dificilísimas” del examen tipo test al que se enfrentaban.

Éste es el relato del juez: “Se ha podido constatar además a lo largo de la investigación no solamente una estrategia clara de identificación de exámenes correspondiente al patrón de dejar en blanco la respuesta más sencilla sin duda de todo el cuestionario de desarrollo cuyo error no penalizaba, la número 23; sino también la solución a la identificación de exámenes en la fase de preguntas de tipo test, en la que todos los opositores investigados yerran de forma incomprensible en la misma respuesta a la pregunta número 13, la b, dándose la circunstancia que incluso así la respuesta llega a ser dada por buena inicialmente en alguna de las correcciones”.

“Es en este campo en el que el estudio estadístico aportado a la denuncia inicial sí gana sentido, pues aporta elementos indiciarios que demuestran cómo los opositores encartados habrían destacado con una impresionante precisión a preguntas dificilísimas frente al común de los opositores o sus competidores más directos, y a la vez de absurda actuación optando por no responder a una pregunta que cualquier persona puede responder (¿qué hacer ante un aviso de incendio, cuáles serían los pasos a seguir?), y que quedó patente que se avisara que no era penalizada”, afirma, tajante, Rodríguez Lainz.

En este punto, el magistrado considera manifiesta la “connivencia” entre el titular de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Córdoba y los aspirantes. Los denunciantes, opositores que no sacaron plaza, se quejaron en su día de que muchos de los que aprobaron el examen con las mejores notas eran familiares de bomberos en ejercicio del Ayuntamiento. El juez, de hecho, cita el caso del hijo de un sargento, que aprobó.

No obstante, el magistrado no considera probado que en ningún momento ninguno de los dos responsables de la Junta de Personal del Ayuntamiento imputados percibieran una compensación económica por el amaño de los exámenes. “En ningún momento de las actuaciones se ha llegado a apreciar indicios concretos de remuneración económica por tal actuación del miembro del tribunal de oposiciones”, precisa el magistrado en su auto, que ya ha sido entregado a las partes y que ahora tendrán que formular su postura.

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