La Policía Autonómica interviene 13 talleres mecánicos ilegales en Córdoba

Agentes del Área de Medio Ambiente de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Córdoba han denunciado un total de 13 talleres clandestinos, durante los pasados meses de noviembre y diciembre, en el marco la campaña de control de talleres ilegales en la provincia para perseguir este tipo de negocios fraudulentos y en estrecha colaboración con el Sector de Talleres y Automoción de la Provincia de Córdoba (Atradeco).

Así, se realizaron 32 inspecciones y se detectaron un total de 43 infracciones por la existencia de una serie de instalaciones potencialmente irregulares y que no cumplían la normativa ambiental, industrial, de consumo y municipal.

Los 13 talleres denunciados se encuentran en las localidades de Córdoba, Fernán Núñez, Almodóvar del Río, Carcabuey, Montalbán, Montemayor y Montilla. Ninguno de estos talleres clandestinos contaban con la pertinente licencia municipal o registro de industria para realizar actividad de taller mecánico. Tampoco estaban inscritos en el registro como Productores de Residuos Tóxicos Peligrosos, por lo que no acreditan ni justifican dónde vierten los residuos contaminantes propios del taller.

Lo cierto es que estos establecimientos funcionaban como talleres ilegales, realizando labores de reparación de vehículos clandestinos sin contar con la correspondiente licencia para esta actividad. Durante las inspecciones se verificó, por parte de los agentes de la Unidad Adscrita, que los talleres contaban con maquinaria, piezas de repuestos y herramientas propias de este tipo de establecimientos.

Al mismo tiempo que que se encontraron en su interior vehículos en proceso de reparación y acumulación de residuos tóxicos y peligrosos como aceite residual de motor, lubricantes, piezas usadas, filtros, baterías, neumáticos o envases contaminados. Elementos que generan riesgo para el medio ambiente.

Por otro lado, este tipo de talleres, además de carecer de licencias y no aportar el alta de la Seguridad Social, causan un grave prejuicio económico al no asumir impuestos o tasas. Además, incurren en competencia desleal con los talleres que sí cumplen con la normativa vigente y no respetan los derechos de los consumidores.